Zacatecas, Zac.- Ante el incremento de hackeos y filtraciones de bases de datos en instituciones públicas y privadas, la especialista en protección de datos personales y excomisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, advirtió que la ciberseguridad debe dejar de considerarse un asunto exclusivamente tecnológico y convertirse en una prioridad permanente de la política pública, pues cada vulneración expone a miles de personas a fraudes, extorsiones y robo de identidad.
Del Río Venegas sostuvo que México no puede normalizar que cada semana se conozca un nuevo caso de hackeo o filtración de información, como si fuera una consecuencia inevitable de la transformación digital. La excomisionada explicó que detrás de cada base de datos vulnerada hay personas que confiaron su situación y sus datos a una institución esperando protección, y que cuando falla la seguridad de los sistemas, el riesgo se traslada directamente a la ciudadanía.
Recordó que durante su gestión en el INAI la protección de la Plataforma Nacional de Transparencia incluyó infraestructura especializada, monitoreo continuo y personal capacitado, y advirtió que la inversión en este rubro nunca debe ser víctima de recortes presupuestales, ya que recuperar la confianza de las personas tras una filtración resulta más difícil que recuperar un sistema.
La especialista hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que la protección de servidores y bases de datos sea una prioridad presupuestal constante, y señaló que la autoridad encargada actualmente de la protección de datos personales debe ejercer con oportunidad y rigor las facultades que la ley le otorga para actuar de oficio o atender denuncias sobre vulneraciones.
Como ejemplos citó la exposición de datos de más de 400 mil personas que acudieron a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, la filtración de información de pensionados del IMSS y el caso de la UNAM, casos que, dijo, comprometen no solo información personal sino la confianza de quienes acudieron al Estado a presentar denuncias o solicitar apoyo.
Sobre el caso de la UNAM, Del Río Venegas planteó la necesidad de transparentar la contratación de la empresa responsable del sistema vulnerado, cuestionando quién recomendó a la firma, bajo qué criterios fue seleccionada, por qué se optó por adjudicación directa cuando el monto ameritaba licitación pública, qué cláusulas contractuales se incumplieron y quién es el beneficiario final del contrato.
Consideró que este caso amerita una investigación a fondo y el deslinde de responsabilidades correspondiente, y llamó a impulsar una estrategia nacional que combine inversión permanente en ciberseguridad, cumplimiento legal, supervisión tecnológica y educación digital para la ciudadanía, subrayando que la austeridad mal entendida en este rubro puede terminar costando el patrimonio y la tranquilidad de miles de familias.
LNY | Redacción