Zacatecas, Zac.- Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI, afirmó que el derecho de acceso a la información en México “está en coma” y pidió resultados verificables tras más de un año del cambio de modelo. Lo dijo en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
La especialista recordó que el derecho está reconocido en la Constitución desde 1977 y que, desde la transición democrática del año 2000, periodistas, académicos y especialistas impulsaron el marco normativo que lo hizo efectivo. Según explicó, el sistema construido durante más de dos décadas incluyó un órgano garante nacional, organismos locales, leyes especializadas y mecanismos de coordinación.
Como sustento de esa trayectoria, citó que entre diciembre de 2003 y el 5 de marzo de 2025 se resolvieron más de 350 mil recursos de revisión. Añadió que la Plataforma Nacional de Transparencia recibió 10 millones 387 mil 942 solicitudes: 9 millones 554 mil 444 de información pública y 833 mil 048 de datos personales.
Del Río Venegas identificó desafíos que van más allá de la desaparición de una institución. Mencionó la desinformación, la violencia contra periodistas y la judicialización del derecho a saber, pues, planteó, un derecho pierde accesibilidad si defenderlo exige un proceso judicial. Advirtió también contra el uso de la “seguridad nacional” como fórmula para reservar información, y sostuvo que la máxima publicidad debe ser el punto de partida y las reservas, una excepción justificada.
Sobre el modelo actual, señaló que ya no se sabe quién está detrás de cada resolución, con qué criterios se resuelve ni cómo se explica a la sociedad. Contrastó esa situación con el esquema anterior, en el que las sesiones y los asuntos resueltos eran públicos y se incorporaban a la plataforma.
La excomisionada recordó que el sistema permitió conocer asuntos de alcance nacional como Odebrecht, Segalmex, créditos fiscales, Tren Maya, Tren Interoceánico, San Fernando, Tlatelolco y el socavón del Paso Exprés. En el caso Ayotzinapa, apuntó que el entonces IFAI instruyó a la PGR a permitir el acceso a una versión pública de la averiguación previa sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. También destacó su uso cotidiano: familias que solicitaban expedientes médicos, trabajadores que consultaban sus semanas cotizadas ante el IMSS y pacientes que buscaban una segunda opinión.
Aseguró que las capacidades para resolver estaban en las personas que integraron las instituciones y no en los edificios que hoy se conservan. Ante el 28 de septiembre, sostuvo que eventos, paneles y discursos no bastan. Exigió atender y resolver las solicitudes, retirar reservas sin justificación legal suficiente y contar con una Plataforma Nacional de Transparencia operativa, accesible y funcional.
LNY | Redacción