Zacatecas, Zac.- La Universidad Tecnológica de Zacatecas (Utzac) se encuentra en una parálisis administrativa y académica tras la toma de sus instalaciones por el Sindicato Único de Trabajadores (SUTUTEZ), una acción que la rectoría califica de irregular por violar el debido proceso laboral. La rectora Violeta Cerrillo denunció que el paro carece de sustento jurídico al no existir un emplazamiento formal ante los tribunales competentes ni un pliego petitorio que justifique la suspensión de labores, por lo cual la institución ha iniciado los trámites para solicitar la declaración de inexistencia del movimiento ante las autoridades laborales.
El conflicto trasciende la esfera de los derechos laborales para internarse en el terreno de las pugnas políticas y personales. De acuerdo con la normativa vigente y el análisis de la universidad, el ejercicio del derecho de huelga debe sujetarse estrictamente a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, cuyo artículo 450 determina que un paro es legal únicamente cuando busca beneficios colectivos y no la destitución de funcionarios por intereses particulares. La administración central sostiene que el cierre unilateral y sorpresivo de los accesos constituye una vía de hecho que vulnera el derecho a la educación de los estudiantes y el derecho al trabajo del personal administrativo.
La solvencia financiera de la institución es uno de los puntos centrales de la controversia. La UTZAC afirma que no mantiene adeudos con la organización sindical y que ha cumplido con la totalidad de las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo. Incluso, la universidad destaca como la única en su subsistema que aplicó el incremento salarial correspondiente a 2025, lo que sugiere una gestión administrativa ordenada. Por tanto, la exigencia de seguridad, herramientas y pagos, que según el sindicato motiva la protesta, ya cuenta con rutas de solución técnica o ha sido atendida previamente, restando legitimidad a la interrupción de las actividades.
La situación se agrava ante las denuncias de coacción contra el alumnado. La rectoría ha recabado pruebas que señalan que la dirigencia sindical ha obligado a estudiantes a realizar guardias forzadas en las instalaciones bajo amenazas, una práctica que contraviene los derechos humanos y la integridad de la comunidad estudiantil. Esta instrumentalización de los alumnos refuerza la tesis institucional de que el paro no persigue fines laborales genuinos, sino objetivos de presión política para satisfacer los intereses de un grupo reducido dentro del sindicato.
A pesar del clima de confrontación, la rectora Cerrillo ha reiterado su disposición para establecer una mesa de diálogo abierta y pública. La resolución del conflicto depende ahora de la validación jurídica de las autoridades laborales y de la voluntad de la representación sindical para abandonar las vías de hecho. De mantenerse el bloqueo por razones ajenas a la ley, se pone en riesgo no solo el semestre académico de miles de jóvenes, sino también el patrimonio y la estabilidad institucional de uno de los centros educativos más relevantes de la región.
LNY | Redacción