Ciudad de México.- El Gobierno de México anunció un plan para reformar la Constitución y abordar las pensiones de exfuncionarios públicos. La Secretaría de la Función Pública inició el análisis tras descubrir que los pagos a exejecutivos de Pemex y de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación superan en algunos casos el sueldo de la Jefa del Ejecutivo Federal. La medida busca garantizar el uso justo del erario.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que las pensiones millonarias resultan ofensivas para el pueblo. Ella informó que los exfuncionarios pueden acercarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para llegar a un acuerdo voluntario. La reforma constitucional se considera una herramienta para lograr una pensión modesta. Sheinbaum Pardo destacó que su gobierno revisa otros casos de pensiones millonarias.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, entregó cifras específicas. Luz y Fuerza del Centro en Liquidación paga un monto anual de 28 mil 074 millones de pesos a 14 mil 73 extrabajadores. De este total, nueve mil 457 personas reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales. Tres mil 504 de ellos tienen una pensión superior al sueldo de la Presidenta de México. En Pemex, la entidad paga un monto anual de 24 mil 844 millones de pesos a 22 mil 316 jubilados. Quinientos cuarenta y cuatro casos reciben más que la Presidenta.
Raquel Buenrostro Sánchez anunció el inicio de mesas de trabajo. Estas mesas incluyen a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el IMSS, el ISSSTE, el INDEP, Pemex, CFE y la SHCP. Las mesas revisan la legalidad de este tipo de pensiones. Las autoridades emitirán una circular para normar los requisitos del pase de supervivencia. Ellas también firmarán convenios de colaboración con el Renapo y registros civiles. Ellos tienen el propósito de actualizar ágilmente los padrones de pensión. La revisión jurídica y constitucional avanza para mejorar el intercambio de información.
Respecto a la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Buenrostro Sánchez puntualizó que el Gobierno mexicano mantiene una política de cero impunidad. Ella informó que Pemex conoció las investigaciones desde el 3 de abril de 2024. La empresa realizó acciones preventivas y de sanción desde 2020. Dos exfuncionarios de Pemex están involucrados en la investigación de Estados Unidos. La secretaria detalló que Ramón Alexandro Rovirosa se ha dedicado al sector privado. Mario Alberto Ávila Lizárraga trabajó en administraciones anteriores al Presidente López Obrador. Pemex lo inhabilitó por estar vinculado a proyectos y favorecer contratos de Oceanografía. Dos de los cuatro contratos investigados por la justicia estadounidense se firmaron en administraciones previas. Otro contrato con irregularidades fue cancelado. Uno más se concluyó de forma anticipada. Pemex inició cinco auditorías adicionales.
LNY | Redacción