Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que busca obligar a los establecimientos particulares y médicos independientes a exhibir y actualizar los costos de sus servicios. La propuesta pretende eliminar la discrecionalidad en el cobro de atención médica, hospitalización y urgencias para proteger el patrimonio de las familias mexicanas.
La iniciativa, que plantea modificar el artículo 43 de la normativa sanitaria nacional, surge como una respuesta a la vulnerabilidad económica que enfrentan los usuarios al contratar servicios privados de salud. Según el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, la falta de información clara sobre las tarifas genera una asimetría que puede comprometer gravemente los recursos de quienes buscan atención médica. La legisladora por Zacatecas sostiene que la transparencia no es una cuestión accesoria, sino una condición indispensable para el ejercicio de los derechos de los pacientes.
El proyecto de decreto establece que clínicas, hospitales y centros de rehabilitación deberán informar de manera directa los conceptos de cobro asociados a cada prestación. En casos de urgencia médica, donde la elaboración de un presupuesto previo sea materialmente imposible por la prioridad de la atención, los establecimientos estarán obligados a proporcionar un estimado de costos a la brevedad y entregar estados de cuenta parciales. Esta medida busca evitar que la necesidad inmediata de salud se convierta en una carga financiera imprevista y desproporcionada.
La obligación de transparencia se extiende también a los médicos independientes. Bajo esta reforma, los profesionales deberán mantener actualizados y visibles sus honorarios, ya sea en sus instalaciones físicas o en medios electrónicos. Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, Bañuelos ha solicitado a la Secretaría de Salud la creación de lineamientos específicos y ha instado a la Procuraduría Federal del Consumidor a desplegar acciones de verificación comercial y de precios en todo el sector privado.
Este movimiento legislativo busca articularse con el marco jurídico existente de protección al consumidor, elevando la transparencia tarifaria a un estándar legal verificable. La propuesta subraya que el acceso a la información técnica y económica es fundamental para que el derecho humano a la salud se cumpla bajo los parámetros de calidad y certidumbre. El análisis institucional de esta reforma sugiere un cambio en la relación entre prestadores y usuarios, moviendo el sector hacia un modelo de rendición de cuentas que reduzca los abusos económicos en momentos de crisis sanitaria.
LNY | Redacción