Zacatecas, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) una intervención diplomática firme ante Estados Unidos por la muerte de 14 mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) desde 2025. La legisladora, durante un recorrido por los municipios de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, demandó justicia y el fortalecimiento de la protección consular para evitar la repetición de abusos contra migrantes.
La propuesta, presentada mediante un punto de acuerdo ante el Senado de la República, insta a la Cancillería a abrir canales de diálogo directo con las autoridades estadounidenses. El objetivo es garantizar que las redes consulares prioricen la supervisión y el acompañamiento legal de los connacionales detenidos, asegurando el acceso a atención médica y comunicación familiar. La iniciativa surge en un contexto de especial vulnerabilidad para la comunidad mexicana en el exterior, donde los derechos fundamentales deben prevalecer sobre las políticas de detención.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo subrayó que el Estado mexicano no puede mantener una postura de observación pasiva cuando la integridad y la dignidad humana están en riesgo. La petición de Bañuelos incluye la exigencia de investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes sobre los decesos reportados, así como la sanción a los responsables. El planteamiento también contempla denunciar estos hechos ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visibilizar un patrón de violaciones sistemáticas.
La relevancia de esta acción institucional se acentúa en regiones con alta intensidad migratoria. En el estado de Zacatecas, aproximadamente la mitad de las familias tiene vínculos en el extranjero, con más de 750 mil personas nacidas en la entidad residiendo actualmente en Estados Unidos. Este flujo no solo representa un pilar económico a través de las remesas, sino que sostiene sectores estratégicos en el país vecino. El fallecimiento de ciudadanos en centros de detención evidencia, según la postura legislativa, la urgencia de una defensa jurídica y diplomática que responda a la aportación social de esta población.
El comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, respaldó la trayectoria de la senadora y su enfoque en la defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores. El punto de acuerdo ha sido turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para su análisis técnico y posterior dictamen, en un paso que busca elevar la protección de los derechos de los migrantes a una prioridad de la agenda bilateral.
LNY | Redacción