Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos ha presentado una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el fin de tipificar y sancionar penalmente el abandono de este colectivo. La propuesta, registrada esta semana en el Senado, plantpihpea penas de hasta cuatro años de prisión y busca obligar al Estado a implementar medidas de protección inmediata para un sector que en Zacatecas presenta índices de vulnerabilidad cercanos al 47%.
La reforma al artículo 335 del Código Penal Federal establece una escala de sanciones que parte de un mes de cárcel y escala en una tercera parte si el abandono deriva en lesiones o daños físicos. Esta medida responde a una realidad demográfica que afecta a más de 17 millones de personas en México y a unas 200 mil en Zacatecas, quienes, según datos del Consejo Nacional de Población para 2025, enfrentan condiciones críticas de precariedad económica, violencia y exclusión social.
El planteamiento legislativo trasciende lo punitivo al proponer cambios en el marco normativo de los derechos de la tercera edad. De aprobarse, las autoridades de los tres niveles de Gobierno estarían obligadas a activar protocolos de emergencia que incluyen atención médica y psicológica urgente, así como el aseguramiento de vivienda, alimentación y acompañamiento jurídico. La iniciativa pone el foco en la responsabilidad del Estado para garantizar la restitución plena de derechos y la protección patrimonial frente a posibles abusos.
Para la senadora Bañuelos, el abandono familiar constituye una de las formas más graves y silenciosas de vulneración de los derechos humanos en el país. El análisis institucional subraya que el cuidado no debe entenderse como una carga privada o un acto de caridad, sino como un derecho que el sistema público debe blindar. Con esta propuesta, el Partido del Trabajo busca dotar al ordenamiento jurídico de mecanismos efectivos para combatir una problemática invisibilizada que condena a miles de ciudadanos a una vejez en soledad y precariedad.
La relevancia de esta reforma radica en su potencial para generar una cultura de protección y prevención. Al situar el interés superior de la persona adulta mayor en el centro de la acción pública, se intenta frenar la revictimización y garantizar que la intervención estatal sea proporcional y centrada en la dignidad humana. El debate ahora pasa a las comisiones legislativas, donde se evaluará la viabilidad de estas sanciones en un contexto de creciente envejecimiento poblacional.
LNY | Redacción