Zacatecas, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos ha presentado una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de convertir los precios de garantía en una obligación jurídica permanente del Estado. La propuesta busca armonizar la legislación secundaria con la reforma constitucional de 2024, asegurando ingresos dignos para los productores de maíz, frijol, leche, arroz y trigo, independientemente de los cambios en la administración pública.
La reforma del artículo tercero de la citada ley pretende desvincular el apoyo al campo de la voluntad política o de programas temporales. Al definir legalmente los “precios de garantía” como un instrumento de ingreso básico, se establece un mandato que obliga al Estado mexicano a garantizar la estabilidad económica en la producción de alimentos estratégicos. Según el planteamiento de la legisladora por Zacatecas, esta medida otorga certidumbre técnica y jurídica a un sector tradicionalmente vulnerable ante las fluctuaciones del mercado y la discrecionalidad presupuestaria.
El proyecto legislativo pone especial énfasis en la priorización de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Al integrar estos precios dentro del régimen de apoyos económicos oficiales, se busca fortalecer la transparencia y la progresividad social en el reparto de recursos. La iniciativa sostiene que esta estructura no solo protege el patrimonio de las familias rurales, sino que refuerza la soberanía alimentaria del país al incentivar la producción nacional frente a las importaciones.
La propuesta, que ya ha sido turnada a las comisiones de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos en el Senado, defiende un modelo de bienestar compartido para la población del campo. De ser aprobada, la política de precios dejará de ser una estrategia sexenal para consolidarse como un pilar de la política rural nacional, alineado con el artículo 27 constitucional. El enfoque institucional de la reforma aspira a dignificar el trabajo agrícola mediante un marco de corresponsabilidad fiscal que asegure la viabilidad del sector a largo plazo.
LNy | Redacción