CUAUHTÉMOC CALDERÓN GALVÁN
El gobierno federal ha comenzado a vaciar las cuentas de las Afores inactivas para alimentar el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Con una operación por más de cinco mil millones de pesos, los recursos que debieron haber estado resguardados para el retiro de los trabajadores mexicanos están siendo canalizados, sin consulta, para tapar un boquete financiero que el propio gobierno generó.
Esto no es una opinión. Es un hecho. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), se han transferido tres mil 318 millones de pesos desde cuentas administradas por Afores privadas, más otros mil 531 millones del Infonavit y Fovissste. Todo esto para “fortalecer” un fondo que nació cojo, el de las Pensiones para el Bienestar.
Ese fondo fue diseñado para compensar las pensiones bajas derivadas de la reforma de 1997. Pero en lugar de buscar mecanismos productivos, el gobierno ha optado por el camino más fácil, agarrar dinero ajeno. Con el argumento de que se trata de cuentas inactivas, están utilizando ahorros de millones de mexicanos sin garantizar transparencia ni resultados sostenibles.
El problema no es sólo el monto. Es el precedente. Si hoy se pueden usar Afores inactivas para cubrir un fondo mal diseñado, ¿qué impide que mañana se usen fondos activos para otros fines? Lo que antes se llamaba “expropiación” hoy se disfraza de “solidaridad social”. Pero en el fondo, es lo mismo, la mano larga del gobierno disfrazada de justicia.
Lo más alarmante es que esta transferencia ocurre justo cuando los retiros por desempleo alcanzaron su máximo histórico desde 2005, más de tres mil 178 millones de pesos solo en mayo. La economía no está generando los empleos suficientes, las pensiones no alcanzan, y en lugar de corregir el modelo, el gobierno prefiere maquillar la crisis con dinero ahorrado por los trabajadores durante toda una vida.
Desde su creación en 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha devuelto apenas mil 486 millones de pesos a poco más de 19 mil personas. En contraste, ya ha acumulado 15 juicios de amparo. Y apenas comienza.
La pregunta de fondo es brutalmente sencilla: ¿con qué cara un gobierno que no puede ni siquiera mantener funcionando un sistema de salud decente pretende administrar los ahorros de millones de trabajadores? El uso de las Afores para fines populistas es la evidencia más clara de que el proyecto está quebrado.
No hay pensión que alcance si lo que se subsidia es la incompetencia. No hay retiro digno cuando el dinero sirve más para aplaudir gobiernos que para cuidar a quienes lo generaron. Y no hay bienestar real si hay que vaciar las cuentas del futuro para tapar los errores del presente.
Porque cuando el dinero se acaba, también se agotan las caretas. Y lo que queda es el vacío de un gobierno que, sin crecimiento ni productividad, está dispuesto a hipotecar el futuro con tal de sostener su narrativa.
