Zacatecas, Zac.- Autoridades estatales, encabezadas por la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia, ejecutaron una prospección en predios colindantes a la colonia Alma Obrera. El operativo respondió a la escalada imparable de desapariciones forzadas que asfixia a la entidad, buscando indicios de víctimas en zonas consideradas focos rojos de la actividad criminal.
El despliegue coordinado entre diversas dependencias del gobierno de David Monreal Ávila evidenció la magnitud del desafío. Elementos de Protección Civil y de la Comisión Especializada en Desaparición se internaron en la caverna conocida popularmente como Cueva del Diablo. La ubicación, ligada a leyendas urbanas y, más recientemente, a reportes de actividades ilícitas, se integró al mapa de acciones forenses de alta complejidad. Los hechos subrayan la incapacidad gubernamental para prevenir la crisis, obligando a emplear recursos exhaustivos en la etapa de contención y reparación.
La Secretaría de Seguridad Pública brindó apoyo perimetral a las brigadas, mientras la Comisión de Derechos Humanos fungió como observador del proceso. El esfuerzo conjunto buscó optimizar la recolección de pruebas en un entorno geográfico hostil. La colaboración entre la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas y las corporaciones subraya la dependencia de los familiares de los desaparecidos sobre la voluntad política del Ejecutivo. La prospección forense no es un acto de gobierno, sino la respuesta obligada a la violencia que desarticuló el tejido social. La búsqueda de la verdad se convirtió en la principal promesa de justicia que el Estado puede ofrecer hoy.
La justicia para Zacatecas y el país ya no reside en el castigo de los perpetradores, sino en la capacidad mínima de devolver un cuerpo a quien lo espera.
LNy | Redacción