Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), representado por sus vicecoordinadores Noemí Berenice Luna Ayala y Federico Döring Casar, demandó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, garantizar la seguridad de la ciudadanía y los candidatos en los próximos comicios, especialmente en Veracruz y Durango. Durante una reunión de casi tres horas en la Cámara de Diputados, los legisladores exigieron transparencia en la información sobre delitos graves y pidieron la formación de una Mesa Técnica plural antes de discutir reformas en materia de seguridad.
Noemí Luna advirtió que se repiten patrones de violencia observados en procesos electorales anteriores, incluyendo ataques contra candidatos. Además, expresó preocupación por iniciativas que, según el PAN, podrían vulnerar derechos humanos, específicamente el uso de datos biométricos y un padrón único de nombres en telecomunicaciones. La legisladora recordó que el diputado Döring Casar fue víctima de espionaje gubernamental, un caso que, subrayó, viola la privacidad ciudadana.
Döring Casar detalló que el espionaje en su contra ocurrió durante la gestión de Ernestina Godoy como fiscal, cuando su teléfono fue intervenido bajo el pretexto de una investigación falsa por secuestro en Colima. El caso, junto con el de otros políticos como Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, fue reconocido por un tribunal colegiado como una intervención ilegal, sin autorización judicial. El diputado insistió en que cualquier monitoreo de comunicaciones privadas debe realizarse bajo supervisión judicial, conforme al artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Luna Ayala reiteró la necesidad de transparencia y retomó la propuesta panista de implementar un sistema de justicia digital para agilizar y modernizar el acceso a la justicia. Asimismo, el PAN propuso la creación de un Órgano Independiente de Supervisión, Mejora de la Efectividad y Rendición de Cuentas (OISMERC) para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), iniciativa respaldada por la Universidad Iberoamericana. Los legisladores insistieron en que los gobiernos federal y estatales deben reportar delitos graves bajo una Norma Oficial Mexicana estandarizada y auditable, asegurando que la información pública sea clara, precisa y verificable.