SARA LOVERA
La política de austeridad implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejará en entredicho a la misión mexicana enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Suiza.
Allí, México deberá rendir cuentas ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con motivo de su décimo informe periódico sobre los avances —o retrocesos— en igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.
En los últimos siete años, México ha experimentado un claro retroceso en esta materia. Así lo documentan al menos una docena de estudios e investigaciones de organismos civiles y académicos, que atribuyen este deterioro al desinterés oficial de varios sexenios, profundizado por los recortes de la llamada Cuarta Transformación (4T) a programas clave para mejorar la vida de las mujeres. Esta tendencia se agudizó en los últimos nueve meses. Muchos de los avances previos, aunque limitados, fueron eliminados del presupuesto, desaparecieron o vieron desviados sus objetivos originales.
En su informe oficial más reciente, presentado en septiembre de 2024, el propio gobierno reconoce la persistencia de brechas históricas y estructurales de desigualdad que afectan a niñas y mujeres. Sin embargo, las expertas mexicanas afirman que esas brechas no sólo se mantuvieron, sino que se profundizaron bajo el argumento de la austeridad y una deliberada retirada de los compromisos internacionales. Durante la administración de López Obrador, incluso, la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionó un periodo de gracia para evitar informar a la CEDAW, a pesar de que el informe es obligatorio. Ese plazo concluye este 17 de junio.
La política de austeridad también golpeó directamente al movimiento feminista: se prohibió transferir recursos públicos a sus actividades, a pesar de que existe un marco legal que lo permite y no ha sido derogado.
Desde 1979, la CEDAW ha emitido 209 recomendaciones al Estado mexicano para garantizar la igualdad, erradicar la discriminación y la violencia de género. De ellas, sólo una minoría ha sido cumplida parcialmente, principalmente mediante reformas legislativas. El 70 por ciento restante sigue pendiente.
Los cambios legales y las acciones efectivas se han concentrado casi exclusivamente en la participación política paritaria. Sin embargo, esto no impidió el aumento de la violencia contra mujeres en la vida pública. Muchas de ellas, además, ejercen sus cargos sin una perspectiva de género, lo que perpetúa la discriminación. Al mismo tiempo, crecieron las distintas formas de violencia contra las mujeres: el feminicidio, la desigualdad laboral, las violaciones sexuales, la prostitución y la trata de personas. También se agravaron los problemas de salud pública como los cánceres femeninos y la muerte materna, sobre los que la CEDAW ha emitido una decena de recomendaciones urgentes. La situación es especialmente crítica para mujeres indígenas y campesinas: se cerraron casas de atención, aumentó la pobreza alimentaria y se descuidó la educación sexual y reproductiva. La interrupción legal del embarazo, por su parte, ha quedado a merced de médicos y sectores conservadores amparados por el IMSS.
El informe alterno de las organizaciones civiles, que esta semana acompañan a la delegación en Suiza, señala omisiones, retrocesos en la política de género y una desarticulación alarmante en las estrategias para erradicar la violencia. Denuncian, además, una emergencia en materia de salud: 49 millones de mujeres están hoy en situación de vulnerabilidad extrema.
Este examen es crucial. La CEDAW, ratificada por 189 países desde 1979, es la hoja de ruta internacional para el respeto y promoción de los derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales de la mitad de la población. Y aunque las brechas no se han cerrado en ningún país, ONU Mujeres ha advertido que el avance del conservadurismo ha puesto en crisis los logros de las últimas cuatro décadas. Los avances están hoy en peligro. Veremos.
