CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Guadalupe, la basura no solo se acumula en las esquinas. Se fermenta también en los contratos, en las omisiones, en la opacidad que perfuma de intereses políticos lo que debería ser un servicio elemental.
Lo que empezó como una promesa de eficiencia privatizada, hoy revela un pantano de negligencia institucional, beneficios desmedidos y desdén por el interés público. La empresa Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos no solo recoge los desechos urbanos, también parece haber recolectado complicidades.
La suspensión del servicio, anunciada unilateralmente por la empresa bajo el ambiguo pretexto de “causas ajenas a su operación y control”, expone no solo una ruptura logística, sino una fractura estructural en el modelo de concesión.
Y aunque el Ayuntamiento asegura no haber recibido notificación oficial, el daño ya está hecho: los camiones, no se sabe si pasarán; la basura, seguro se amontonará, y el ciudadano, rehén de un pleito contractual, asistirá perplejo a una guerra de boletines.
Pero esta no es una historia reciente. Es la crónica de una concesión viciada desde su origen. En diciembre de 2019, Trash ingresó al municipio con un contrato opaco y un historial en Durango que ya arrastraba sombras: desvíos, irregularidades, vínculos con la empresa espejo Círculo Recolector.
Nada detuvo su ascenso: ni los antecedentes, ni las observaciones de la Auditoría Superior del Estado a la Cuenta Pública de 2019, ni el turbio proceso legislativo que permitió la concesión por nueve años, con una supuesta ratificación a mitad del camino que hoy se diluye en promesas aplazadas.
El expediente de la empresa se ha abultado no con resultados, sino con cifras escandalosas: 251.2 millones de pesos pagados por el municipio en cinco años. Un incremento año con año en los contratos, sin mejora en el servicio. En 2025, Trash tiene asignados más de 75 millones, mientras que las quejas ciudadanas no dejan de crecer: 292 en 2022, 598 en 2024 y, solo en enero de este año, 343. Un récord lamentable que entierra cualquier discurso oficial sobre la atención a los reportes.
¿Cómo se explica entonces que, con una inversión de esa magnitud, Guadalupe se encuentre a punto de ser sitiado por bolsas negras y promesas rotas? ¿Qué mecanismo impide al municipio asumir el control de un servicio esencial cuando la empresa concesionada incumple sistemáticamente?
La respuesta se encuentra en la arquitectura del poder y el dinero. En 2019, la administración municipal argumentó que no tenía recursos para renovar su parque vehicular —29 unidades, la mayoría obsoletas— y justificó así el salto a la privatización. Pero los números actuales desmienten esa premisa.
Con lo gastado en Trash se habrían podido comprar casi un centenar de camiones nuevos y habilitar terrenos para operarlos. La excusa económica fue apenas la máscara de un negocio disfrazado de necesidad.
La podredumbre no está solo en los contenedores desbordados: está en los contratos blindados, en las licitaciones simuladas, en los legisladores que autorizaron sin vigilancia y en los funcionarios que prefieren pactar con el desorden antes que enfrentar la responsabilidad. No es un problema de gestión: es un problema de ética pública.
Mientras tanto, el alcalde José Saldívar Alcalde promete y promete una revisión “en unos meses”, recolecta quejas en redes sociales y se declara aliado de la ciudadanía. Pero la ciudadanía no necesita aliados de ocasión. Necesita decisiones. Las rutas no se limpian con declaraciones.
Guadalupe fue vendido como Pueblo Mágico. Hoy huele a abandono. La imagen de postal que pretende proyectar el gobierno contrasta con las montañas de desechos que crecen día tras día en colonias ignoradas. Cada bolsa sin recoger es una señal de alarma. Cada peso entregado a Trash sin exigir resultados, una renuncia a gobernar.
No basta con revisar la concesión. Es necesario rescindirla si ha traicionado su propósito. Y, sobre todo, es urgente restablecer el principio elemental que debería regir todo servicio público: que el interés de la gente esté por encima del interés de los negocios. Porque cuando la basura se convierte en botín, el hedor no se va con el camión: se instala en el poder.
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