Zacatecas, Zac.- El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, entregó 56 subsidios económicos a operadores del transporte público, con una inversión de 2.8 millones de pesos, para garantizar certeza jurídica y otorgar concesiones con criterios de justicia social a trabajadores con hasta 30 años de antigüedad.
La medida, articulada a través de la Subsecretaría de Transporte Público, distribuyó apoyos individuales de 50 mil pesos dirigidos al complemento del pago de concesiones. Este tercer bloque de beneficios busca integrar al sector formal a choferes de municipios como Fresnillo, Jerez, Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, Guadalupe y Calera, quienes históricamente operaban sin el respaldo de un título de propiedad legal, corrigiendo una situación de vulnerabilidad laboral mediante la intervención institucional directa.
La asignación de estos recursos públicos pone en relieve las tensiones políticas existentes en la administración del patrimonio del transporte en la entidad. Reyes Mugüerza señaló que la apertura de la convocatoria pública enfrentó oposiciones de sectores interesados en mantener antiguos privilegios de exclusividad en el gremio. Frente a este panorama, el funcionario defendió la reestructuración de la política social para dirigir los fondos estatales de manera directa a los trabajadores, rompiendo dinámicas de intermediación que afectaban el desarrollo económico del sector.
Desde una perspectiva de gestión, el programa representa el restablecimiento de mecanismos de fomento que habían sido modificados en ejercicios anteriores. El subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, detalló que hasta el año 2024 el esquema estatal funcionaba bajo una exención equivalente al cincuenta por ciento del costo total de los derechos de la concesión. Con el diseño actual, el subsidio directo en efectivo ha permitido regularizar más de cien concesiones en el estado, facilitando además la renovación progresiva del parque vehicular.
El impacto social de la regularización trasciende la estabilidad laboral de los operadores al incidir en la modernización de los servicios públicos urbanos. La entrega de certidumbre jurídica formaliza las obligaciones de los prestadores de servicios y abre canales de financiamiento para el mejoramiento de las unidades. De este modo, la administración estatal busca consolidar una red de transporte más eficiente mediante el fortalecimiento de la economía de las familias dependientes de esta actividad, apoyada en liderazgos gremiales integrados en la estrategia de regularización del Ejecutivo local.
LNY | Redacción