JUAN JOSÉ MONTIEL RICO
Hay historias que explican por sí solas un cambio de época. La querella fiscal entre el Gobierno de México y Ricardo Salinas Pliego —mejor conocido como el Tío Richie en su versión “tuitera”— es una de ellas. No solo por los montos estratosféricos que se discuten, sino porque detrás del pleito se asoma tímidamente el fin del capitalismo de compadres en México.
La disputa no es nueva. Arrancó durante el gobierno de López Obrador, cuando el SAT dejó de mirar hacia otro lado y comenzó a cobrar los impuestos que los grandes corporativos habían diferido —o evitado— durante años. En el caso de Grupo Salinas, las auditorías abarcaron ejercicios entre 2008 y 2018, y las cifras fueron creciendo como bola de nieve, desde los 20 hasta los casi 50 mil millones de pesos. Ayer, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el conglomerado deberá pagar alrededor de 40 mil millones de pesos. Para que lo dimensione: hablamos del presupuesto público anual del estado de Zacatecas.
Y antes de que sienta compasión por la dura suerte del magnate, conviene recordar cómo se construyeron esas fortunas al amparo del viejo modelo neoliberal que marcó a México durante más de tres décadas. Ese modelo —de modernización y apertura— implicó una relación promiscua entre el poder político y el poder económico. Se privatizaron bienes nacionales, se entregaron concesiones estratégicas, se toleraron condonaciones millonarias de impuestos y se alimentó una red de favores donde lo mismo se repartían bancos, televisoras o minas que permisos de casinos de última hora. A ese esquema los anglosajones le llaman crony capitalism, o “capitalismo de compadres” para nosotros hispanohablantes.
La promesa del neoliberalismo era seductora. Si dejamos que los más ricos acumulen más riqueza, esa riqueza “goteará” hacia abajo (el famoso trickle down), generará empleos y dinamizará la economía. La realidad fue menos romántica. Claro que la riqueza aumentó… pero solo en la parte más alta de la pirámide, mientras el Estado se quedó sin herramientas para impulsar el desarrollo, financiar servicios públicos o reducir la desigualdad. No por casualidad México mantuvo, durante años, una recaudación fiscal raquítica, una desigualdad gigantesca y una élite empresarial que, en muchos casos, creció bajo la sombra del poder político de turno.
Salinas Pliego no fue la excepción. Privatizaciones favorables, permisos de juego otorgados en el ocaso del sexenio Peñanietista, años de ventajas fiscales y regímenes que le permitieron diferir o minimizar el pago de impuestos. Su fortuna no surgió en el desierto, pues se construyó con reglas a modo y un contexto político que premiaba la cercanía, no la competencia.
Por eso, cuando hoy alguien pregunta por qué debe pagar impuestos “si genera empleos”, conviene regresar a lo básico. Desde Adam Smith y el enfoque clásico, los impuestos se explican porque todos debemos contribuir al sostenimiento del Estado según nuestra capacidad. Es un pacto elemental, mediante el cual el Estado garantiza seguridad, justicia e infraestructura; y la ciudadanía, incluyendo los empresarios, aporta recursos para sostenerlo. Bajo los principios de progresividad, equidad y proporcionalidad, quien más tiene, más debe pagar.
Desde un enfoque contemporáneo, la idea va más lejos, ya que los impuestos no solo financian carreteras y hospitales, también son una herramienta para redistribuir la riqueza y corregir las desigualdades que el mercado produce por naturaleza. Si los más ricos no pagan, los más pobres financian el funcionamiento del país con impuestos al consumo, y el Estado pierde capacidad para invertir donde más se necesita. Por eso una política fiscal progresiva no es un castigo, sino un mecanismo de justicia.
Hay que ser muy claros: sí, hay una evidente saña —justificada en evidencias pero saña al fin— contra Salinas Pliego. Sus posiciones políticas, su manera de confrontar al gobierno y su poder mediático lo han convertido en el antagonista favorito. Y aunque es cierto que no deberían existir intocables fiscales, tampoco deberían existir “enemigos oficiales”. Para que este proceso gane credibilidad plena, el gobierno tendría que aplicar el mismo rasero a todos los “machuchones” multimillonarios del país, no solo al más estridente de todos.
La resolución de hoy no solo obliga al Tío Richie a pagar sus deudas; marca un duro revés al capitalismo de compadres. Si esta nueva medida se aplica pareja, México podría empezar a escribir un nuevo pacto entre el poder económico, el poder político y la ciudadanía. Si no, seguirá siendo la historia de siempre, pero con nuevos protagonistas.
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Estratega político entre gobiernos, campañas y narrativas.
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