JULIETA DEL RÍO VENEGAS
El día de ayer, con la aprobación de las nuevas leyes de Transparencia y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Zacatecas cumplió con los estándares mínimos establecidos en las leyes generales. Esta armonización responde a un nuevo modelo nacional de transparencia, surgido tras la reforma constitucional que me tocó vivir durante mi paso por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esa etapa, marcada por historias y testimonios, concluyó con la desaparición del INAI y de los organismos garantes locales. Instituciones que, sin duda, vamos a extrañar por su labor cercana y comprometida.
Sin embargo, quien jura respetar la Constitución al asumir un cargo público debe hacerlo incluso cuando esta cambia. Y la Constitución cambió. Como ciudadanas y ciudadanos responsables, nos corresponde acatarla.
Yo protesté respetarla el 18 de noviembre de 2020, cuando asumí la responsabilidad nacional como Comisionada del INAI. Durante ese periodo, se modificaron diversos artículos constitucionales en materia de transparencia y protección de datos personales. Como mujer institucional, respeto la Constitución Política, aunque fui crítica de algunos aspectos. Así lo expresé públicamente en múltiples ocasiones, como lo hicieron muchas voces en todo el país. Aun así, insisto, la Constitución se respeta.
Como excomisionada del INAI, celebro que Zacatecas haya sido uno de los primeros estados en armonizar su legislación con la nueva normativa nacional, y que incluso haya ido más allá, incorporando principios de máxima publicidad y apertura proactiva.
Ahora, lo urgente es concretar la creación del órgano desconcentrado que asumirá estas funciones. Pero más importante aún es dejar en claro algo fundamental:
El acceso a la información no desaparece.
No habrá institutos, pero sí hay Constitución.
Mientras exista, su Artículo 6º seguirá obligando a todas las autoridades a entregar información pública, y su Artículo 16º a proteger los datos personales de las y los ciudadanos.
Con la reciente reforma constitucional y la aprobación de las nuevas leyes, lo esencial es recordar que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) continúa operando y sigue siendo obligatoria por ley.
No obstante, preocupa que esta herramienta, diseñada para garantizar el derecho a saber, esté enfrentando fallas técnicas persistentes. Como excoordinadora de la PNT, puedo afirmar que durante nuestra gestión la plataforma se mantuvo en operación constante. Como toda tecnología, tuvo detalles, pero nunca dejó de ser funcional y accesible para todas las personas.
Hoy, con frecuencia, periodistas, académicas, académicos y ciudadanía expresan su frustración en redes sociales por documentos que no se pueden abrir, enlaces rotos o interrupciones en el servicio durante horas. Entiendo que los cambios recientes en el catálogo de sujetos obligados han generado confusión, y que ciertos ajustes eran necesarios tras la reforma. Pero esos ajustes nunca debieron convertirse en obstáculos.
Lo que antes era fácil, hoy se ha vuelto un desafío.
Confío en que la PNT pronto se estabilizará nuevamente. Porque sigue siendo una de las herramientas más importantes para ejercer el derecho de acceso a la información, no solo en México, sino a nivel internacional.
La Constitución lo manda. La ley lo exige. Y la ciudadanía lo necesita.
