RAFAEL CANDELAS SALINAS
Con afecto para mis amigos de los
Clubes de Zacatecanos Migrantes
La semana pasada me invitaron a participar en una reunión virtual entre un grupo de zacatecanos migrantes y abogados del Gobierno Federal en la que les explicarían la razón por la cual a los mexicanos residentes en el extranjero se les aplica una tasa del 25% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el total del ingreso obtenido, sin deducción alguna. La verdad es que por compromisos adquiridos con anterioridad no pude asistir, pero me pareció interesante retomar el tema, toda vez que siempre he creído que hay algo profundamente contradictorio -y hasta ofensivo- en la manera en que México trata a sus migrantes.
En 2025, los migrantes mexicanos enviaron más de 61 mil millones de dólares a este país. No es un apoyo simbólico, es una de las principales fuentes de ingreso nacional y, aun así, cuando quieren vender una casa, México les cobra como si fueran extraños.
Se les aplaude en el discurso, se les presume en los informes, se les llama héroes, pero cuando quieren hacer algo tan básico como vender una propiedad en su propio país, se les castiga.
La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 160 establece que a los mexicanos residentes en el extranjero se les debe retener el 25% sobre el valor total de la venta de un inmueble, sin deducciones y sin importar si hubo o no ganancia real.
No importa si la casa se compró hace años, o la recibió mediante una donación o una herencia. Tampoco importa si se invirtió en mejoras o si prácticamente no hubo utilidad alguna. Aquí no se grava la ganancia, aquí se castiga el patrimonio.
Y frente a eso, la propuesta es tan simple como justa: Que a los mexicanos residentes en el extranjero se les cobre el ISR como a cualquier mexicano que vive en el país, es decir, sobre la ganancia real, con derecho a deducciones. Ni más, pero tampoco menos.
Porque hoy, la diferencia es clara y profundamente injusta. Un residente en México paga sobre su utilidad real, mientras un migrante paga sobre el valor total.
Les pongo un ejemplo muy básico sólo para que me entiendan quiénes no están familiarizados con el tema:
Si un mexicano que vive en el país adquiere una casa en $500,000.00 y 10 años después la vende en $1´000.000.00 se le calculará el ISR sobre su ganancia que es de $500,000.00
Pero si ese mismo mexicano, por alguna razón, tuvo que salir del país y ahora reside en los Estados Unidos o cualquier otro país, al vender la casa tendrá que pagar el 25% sobre el valor de la venta de ISR, es decir, $250,000.00 directos, sin tomar en cuenta el valor de adquisición, ni mejoras, ni gastos notariales, ni nada de nada.
Seamos sinceros. Esa no es una política fiscal, es una penalización por vivir fuera.
Y eso resulta particularmente grave cuando hablamos de quienes, en los hechos, sostienen buena parte de la economía nacional. Las remesas que envían los mexicanos en el extranjero no solo mantienen a millones de familias, en estados como el nuestro, son el motor del mercado inmobiliario.
En muchos municipios, hay que decirlo sin rodeos, si no fuera por los migrantes, la compra, construcción y mejora de vivienda simplemente sería mínima. Ellos invierten, construyen, mueven la economía local. Y aun así… los castigamos.
Pero el problema no termina en lo federal, a nivel estatal y municipal, la historia tampoco mejora.
Los gobiernos han sido poco o nada solidarios con la comunidad migrante. Y no, no basta con discursos ni con acudir a los bailes que organizan por el día del migrante, ni con sostener figuras simbólicas como el llamado diputado migrante, o con pretender vender como solución la creación de regidores migrantes.
¿Más cargos?
¿Más discurso?
¿Más simulación?
¿Y los beneficios reales?
¿Por qué no mejor ayudarlos de verdad?
¿Por qué no pasar del discurso a los hechos?
Ahí es donde entran las medidas complementarias.
Por ejemplo, el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) -el famoso traslado de dominio- ronda en el 2% en la mayoría de los municipios de Zacatecas, y en algunos -más voraces-incluso llega al 2.5% como en Fresnillo, Guadalupe, Jerez o Calera.
Si de verdad queremos incentivar la inversión e incentivar el tráfico inmobiliario en toda la sociedad y por supuesto de nuestros migrantes, la propuesta es clara:
• Establecer una tasa fija del 2% para todas las operaciones en todos los municipios
• Y para migrantes, aplicar una tasa preferencial del 1%
No es un privilegio, es un reconocimiento a quienes sostienen la economía de sus comunidades desde el extranjero.
A esto habría que sumar descuentos en las cuotas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, facilitando la formalización de operaciones y fortaleciendo la certeza jurídica, porque el objetivo no debería ser recaudar más a costa de ellos, sino incentivar que inviertan más en México.
Hoy, mientras unos hacen un llamado para que los mexicanos ayuden a otros países, vale la pena hacer una pregunta incómoda:
¿No sería mejor empezar por ayudar a los nuestros?
A los que se fueron.
A los que sostienen familias y comunidades enteras.
A los que, sin discursos ni reflectores, hacen mucho más por México que muchos de los que hoy gobiernan.
Porque ayudar hacia afuera puede ser un gesto político, pero dejar de castigar a nuestros migrantes… eso sí sería un acto de justicia.
Nos leemos la próxima semana con más del Dedo en la Llaga.
Sobre la Firma
Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
rafaelcandelas77@hotmail.com
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