AURELIO GAITÁN
En Río Grande, un municipio acostumbrado a sobrevivir entre la sequía y la migración, la historia reciente no habla de cosechas ni de remesas. Habla de un bebé. Seis meses de vida y ya convertido en protagonista de un caso que huele a engaño, a trata, a negligencia institucional. Un caso que, más allá de su crudeza, revela las grietas de un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables.
La madre, Itzel Guadalupe Hernández Castruita, grabó un video y lo difundió en redes sociales. En él denuncia que su hijo fue arrebatado mediante engaños por personas que se presentan como terapeutas espirituales: ofrecen barras de acceso, reiki, constelaciones emocionales. Bajo esa fachada, asegura, operan como intermediarios de un mercado oculto: el de bebés a disposición de familias dispuestas a pagar por ellos. “Me amedrentaron psicológicamente… ellos son el vínculo, los intermediarios”, declaró.
La Fiscalía de Justicia del Estado reaccionó con una declaración inquietante. El fiscal Cristian Paul Camacho admitió que, en efecto, el bebé se encuentra con la pareja señalada. Reconoció además que todo parece apuntar a una “adopción irregular”, pues en los registros médicos del parto no aparece el nombre de la madre biológica, sino el de la mujer que hoy tiene al menor bajo su resguardo. “Ella entregó al niño de manera voluntaria, no con la formalidad de ley”, sentenció el funcionario.
Esa frase, pronunciada desde el podio de la legalidad, se volvió un golpe para quienes escuchaban. ¿Qué significa “entrega voluntaria” cuando una madre denuncia amenazas y manipulación psicológica? ¿Puede hablarse de consentimiento en medio de coacción y vulnerabilidad? La pregunta es crucial porque de ella depende si este caso se investigará como un simple trámite irregular o como parte de una red criminal de trata de menores.
Itzel Hernández no se quedó en la denuncia pública. Nombró directamente a Rita María y a su esposo, Raúl, como responsables. Los acusó de “acomodar bebés” bajo la apariencia de terapias emocionales. Señaló también a María de Jesús y Lucio, quienes presuntamente tienen en su poder al menor. Y, para colmo, difundió un audio con José Manuel Olvera, abogado de la pareja, quien la conminó a “detenerse porque vamos a actuar” tras hacer pública su historia. Una advertencia disfrazada de consejo, que revela un poder de influencia mayor al de cualquier terapia alternativa.
En la narrativa oficial, sin embargo, la madre podría terminar convertida en sospechosa. El propio fiscal advirtió que, si se confirma que entregó voluntariamente al bebé, enfrentará responsabilidades legales. Es decir, la víctima convertida en victimaria. La paradoja no es menor: mientras la Fiscalía insiste en proteger “el interés superior del niño”, el sistema amenaza con criminalizar a la mujer que lo trajo al mundo, sin atender primero el contexto de manipulación que ella describe.
El bebé, al menos, está vivo y en buen estado de salud. Pero esa es apenas la superficie de un drama que exhibe la precariedad institucional de Zacatecas. Porque si en Río Grande —un municipio periférico, sin reflectores— se destapa un posible mercado negro de adopciones, ¿cuántos otros casos han pasado inadvertidos bajo la sombra del silencio?
La Comisión de Derechos Humanos del Estado ya abrió una carpeta. El DIF también se involucró. Son pasos formales, pero insuficientes ante la magnitud del señalamiento: una red organizada, amparada en terapias emocionales, que intercambia bebés como si fueran mercancías.
Zacatecas se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿qué tanto valoramos la vida en sus etapas más frágiles? En un estado donde la violencia se ha vuelto costumbre y donde los desaparecidos se cuentan por miles, ahora surge la sospecha de que incluso la maternidad puede convertirse en un campo de explotación.
En Río Grande, un bebé de seis meses se volvió espejo de un país donde la legalidad es tan frágil que permite la existencia de adopciones clandestinas. Hoy el niño está con vida, pero el verdadero desafío es descubrir cuántos más han sido arrebatados bajo el mismo silencio.
Porque en Zacatecas, cada número en una carpeta de investigación tiene un rostro. Y cada bebé robado es un recordatorio brutal de lo que estamos perdiendo: no solo a los hijos, sino la capacidad de protegerlos.
Sobre la Firma
Columnista especialista en municipios, justicia y poder.
aureliogaitan58@gmail.com
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