AURELIO GAITÁN
Fresnillo decidió lo que debió hacer hace años: asumir el control de su tránsito. Por mayoría de votos, el Cabildo aprobó la creación de una Dirección Municipal de Seguridad Vial. La noticia, en apariencia técnica y administrativa, es en realidad profundamente política. Pero ojo: asumir no es sinónimo de saber ejercer. Y mucho menos de saber gobernar.
Se alega que esta decisión fortalecerá la autonomía municipal. Se cita con solemnidad el artículo 115 constitucional. Se repite que hay capacidad técnica y voluntad política. Todo parece en orden. Pero la experiencia obliga a desconfiar de las buenas intenciones cuando no se acompañan de diagnósticos certeros y ejecución realista.
La nueva dirección contará con 40 agentes, un presupuesto de 8 millones de pesos y una promesa: operar al 100% antes de fin de año. La rapidez entusiasma, pero preocupa más. ¿En dos meses capacitarán a nuevos oficiales? ¿Contarán con la base de datos vehicular actualizada? ¿Dónde están los protocolos de actuación, los manuales operativos, la coordinación con instancias judiciales?
Más aún: el municipio planea comenzar a sancionar sin cambiar el tabulador estatal. Es decir, cobrará igual, pero sin reformular los criterios de recaudación, ni blindarse contra la tentación de convertir las multas en caja chica. Y aunque el alcalde priista Javier Torres Rodríguez promete que no se construirá nueva infraestructura, aún no está claro si los espacios actuales son suficientes, seguros y funcionales.
Frente a la retirada del Gobierno estatal —criticada con razón— se responde con una solución apresurada. En lugar de una política integral de movilidad, se apuesta por uniformes nuevos y discursos de cercanía ciudadana. Pero más vale un burro conocido que sabio por conocer: lo que urge no es sólo tener más policías viales, sino entender por qué el tránsito se volvió ingobernable. Y eso no se resuelve con patrullas ni silbatos.
La transición podría ser limpia, pero eso dependerá menos de los plazos legales que de la voluntad política entre niveles de gobierno. Si el Estado decide entorpecer, como en Tlaltenango, el conflicto podría escalar. Y si el Municipio falla en la implementación, lo pagará con creces la ciudadanía: más caos, más corrupción, más simulación.
Municipalizar el tránsito es necesario, sí. Pero sólo si no se convierte en un nuevo elefante burocrático o, peor aún, en una herramienta para castigar a los críticos y premiar a los leales. El volante está en manos de Fresnillo. Ahora falta saber si sabrá manejar.
Domo con tufo electoral
José Nieves Balderas, alcalde de Francisco R. Murguía, arrancó la construcción del domo en la Telesecundaria “5 de Mayo” de Cieneguilla. No es obra menor: será el primero en su tipo en todas las telesecundarias del municipio.
La acción, aunque necesaria, huele a cálculo electoral. El Ayuntamiento se coordina con padres de familia, fórmula habitual para disfrazar la escasez presupuestal con “participación ciudadana”.
La obra llega tarde y se anuncia como si fuera proeza. Lo cierto es que las comunidades rurales han sido sistemáticamente relegadas. Y ahora, con un techo metálico, buscan comprar aplausos.
Los estudiantes merecen infraestructura digna, sin que se les use de escaparate político. Un domo no resuelve años de olvido.
Estafas telefónicas: alerta máxima
Fraudulentos se hacen pasar por empleados del Catastro Municipal. Su objetivo: estafar. Las llamadas, aparentemente oficiales, buscan obtener dinero o datos personales. La táctica es clara: intimidar, presionar, engañar.
El municipio de Nochistlán aclara: ningún funcionario legitimo solicita pagos por teléfono. Menos fuera del horario laboral. Los trámites se realizan únicamente en oficinas, con facturas oficiales. Quien pida transferencias o efectivo es un delincuente.
La recomendación es directa: no contestar llamadas sospechosas. Verificar en persona cualquier requerimiento. Difundir la alerta evita más víctimas.
Las autoridades deben actuar: rastrear estos fraudes y sancionar a los responsables. Mientras, la ciudadanía debe desconfiar. La prevención es la única defensa.
Ayuda que no alcanza
La entrega de 539 despensas del programa “Corazón Contento” en Noria de Ángeles, con apoyo estatal y municipal, fue destacada por la presidenta Gabriela Cuevas Silva. El discurso oficial enfatiza la lucha contra la marginación y la promoción de la seguridad alimentaria. Pero los números revelan la insuficiencia.
Zacatecas tiene más de 1.5 millones de habitantes, con un 44.2% en pobreza según el ahora desaparecido Coneval. 539 despensas son un paliativo, no una solución. La brecha entre la retórica y la realidad es evidente.
El programa promete participación comunitaria, pero sin mecanismos claros de transparencia o evaluación de impacto, queda en mero asistencialismo. La foto opaca el fondo: políticas públicas fragmentadas que no atacan las causas estructurales de la pobreza.
La ayuda es necesaria, pero insostenible si no va acompañada de empleo, educación y acceso real a servicios básicos. Zacatecas merece más que migajas.
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