AURELIO GAITÁN
Zacatecas registra, en lo que va del sexenio de David Monreal Ávila, tres mil 812 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas. La mitad de ellas, mil 881, siguen sin ser encontradas. Un número brutal que no permite medias tintas ni justificaciones burocráticas.
Del total aún ausente, mil 429 están oficialmente catalogadas como desaparecidas: la ausencia prolongada sin ninguna pista que sugiera un regreso. Las otras 452 figuran como “no localizadas”, una categoría que esconde el fracaso sistemático del Estado para rastrear siquiera un indicio.
El rostro más trágico del hallazgo es que, de las mil 931 personas localizadas, 253 fueron encontradas sin vida. Significa que el 13 por ciento de quienes aparecen, lo hacen en condiciones que confirman el horror.
Más allá de las cifras, lo que indigna es la parsimonia institucional. A cuentagotas se anuncian operativos en zonas rurales, como los que esta semana se desplegaron en Pinos, Loreto, Ojocaliente y Cuauhtémoc. Participaron todas las siglas del aparato estatal y federal, incluso con presencia del Ejército y la Guardia Nacional. Pero el despliegue es episódico, no estructural.
El comisionado de Búsqueda, Everardo Ramírez Aguayo, informó que se dividieron en dos células, una para cada par de municipios. Habla de acuerdos en mesas de trabajo. Pero ninguna mesa devuelve a los desaparecidos, y los familiares lo saben mejor que nadie.
Los colectivos que acompañan estas acciones no están ahí por cortesía: son el motor real de las búsquedas. Son quienes llevan los nombres, los rostros, las últimas fotos, las coordenadas probables, las sospechas, las preguntas sin respuesta. Sin ellos, el engranaje estatal seguiría girando en seco.
Zacatecas vive una emergencia humanitaria normalizada. Y el riesgo de acostumbrarnos es el peor de los escenarios. A cada nueva cifra, la memoria se diluye y el dolor se encapsula en boletines.
Las autoridades deben asumir que no basta con reaccionar: tienen que anticiparse. Porque mientras las desapariciones no se frenen de raíz, cada operativo será solo un gesto, no una solución.
La justicia en Zacatecas no se mide por comunicados, sino por reencuentros. Y por ahora, los números siguen del lado de la ausencia.
Urgencia de uniformes y voluntad
En Morelos, el uniforme policial escasea. Solo 18 elementos integran una corporación que debería contar con 24, según el compromiso firmado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Es por ello por lo que el alcalde Sergio Vázquez Luján lanzó una convocatoria pública para reclutar al menos seis policías más.
La cifra parece menor, pero el fondo del asunto revela la fragilidad de las instituciones municipales: la falta de policías no es un caso aislado, sino un síntoma de abandono estructural. Los bajos salarios, la inseguridad misma y la falta de incentivos explican por qué resulta difícil encontrar ciudadanos dispuestos a asumir la tarea.
Vázquez Luján apuesta por la homologación salarial, seguros de vida y prestaciones de ley, apoyado por los recursos del Fortamun. También promete parque vehicular y mejor armamento. Son compromisos necesarios, pero tardíos. En este municipio, como en muchos otros del estado, el tiempo corre a favor de la delincuencia.
El titular del SESESP, Manuel Flores Sonduk, advirtió que los nuevos elementos deberán pasar los controles de confianza. Sin embargo, el reto es de fondo: sin condiciones laborales dignas y sin resultados palpables, los uniformes seguirán vacíos. El problema no es la convocatoria. Es la voluntad para cumplirla.
Presa vacía, peligro latente
Las lluvias han caído sin tregua, pero la presa El Cazadero, entre Sain Alto y Río Grande, apenas alcanza el 10% de su capacidad. La paradoja es brutal: el cielo se desborda, pero el agua no se acumula donde más se necesita.
En Jerez, Protección Civil y el Departamento de Desarrollo Agropecuario han intensificado los recorridos y monitoreo. Verificaron que las principales presas del municipio han subido su nivel, sí, pero siguen lejos de llenarse. La de Rosales lidera con apenas 55%, seguida de Encino Mocho con 40%, mientras que El Tesorero y El Cargadero apenas alcanzan el 30%.
La alerta por inundaciones está activa. Tres de estas presas son un riesgo real porque sus escurrimientos cruzan la cabecera municipal. La advertencia no es menor: el problema ya no es la sequía, sino el caos que puede venir con una tormenta más fuerte.
Las autoridades llaman a extremar precauciones, a limpiar canales y no tirar basura. Lo urgente ahora es evitar una tragedia anunciada.
Mientras los ríos crecen de golpe y los pronósticos cambian sin aviso, la ciudadanía está sola ante una infraestructura vieja y un sistema de prevención que sigue siendo reactivo. Aquí, la lluvia no es alivio: es amenaza.
