Zacatecas, Zac.- Al cumplirse dos años del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la senadora Geovanna Bañuelos evaluó en Zacatecas los avances socioeconómicos del proyecto federal iniciado en 2018, destacando la reducción de la pobreza y las reformas institucionales como ejes que buscan consolidar la justicia social e igualdad en el país.
El análisis de la gestión gubernamental, expuesto durante una gira informativa por los municipios de Sombrerete, Saín Alto, Fresnillo, Río Grande, Guadalupe y Zacatecas, en compañía del dirigente estatal del Partido del Trabajo, Alfredo Femat Bañuelos, pone de relieve una reconfiguración estructural del gasto público. De acuerdo con los datos presentados, la inversión destinada a programas sociales de transferencias directas, tales como pensiones y becas para adultos mayores, mujeres de más de 60 años, personas con discapacidad y estudiantes, asciende actualmente a un billón tres mil millones de pesos. Esta cifra equivale al 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación y representa un crecimiento nominal del 244% en los últimos siete años, factor que se vincula directamente con la salida de la pobreza de 13.4 millones de personas a nivel nacional.
En el ámbito de la política laboral, el balance muestra modificaciones en la estructura del ingreso de los trabajadores en 2026, año en el que el salario mínimo se ha fijado en 315 pesos diarios en comparación con los 88 pesos vigentes en 2018, lo que significa un incremento nominal superior al 258%. Esta política de fortalecimiento del poder adquisitivo se complementa con la implementación del Plan México, una estrategia orientada a la consolidación de la producción interna y la generación de empleo, así como con el despliegue del programa Salud Casa por Casa y diversas inversiones en infraestructura estratégica. Asimismo, en el plano institucional, se subraya la democratización y transformación en curso del Poder Judicial como uno de los cambios legislativos de mayor calado en el periodo reciente.
No obstante, el diagnóstico legislativo reconoce que la edificación de estas bases de igualdad social coexiste con retos complejos en materia de seguridad pública. Si bien los registros de la Estrategia Nacional de Seguridad muestran una tendencia a la baja en homicidios dolosos y delitos de alto impacto en comparación con los niveles heredados al inicio del proyecto político, la pacificación plena de las regiones y la atención oportuna a las demandas ciudadanas siguen constituyendo asignaturas pendientes.
La preservación de la confianza ciudadana en la continuidad gubernamental dependerá de la congruencia operativa y de la eficacia de las instituciones para resolver estas problemáticas estructurales prioritarias.
LNY | Redacción