JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Cuando existía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una de sus funciones sustantivas era la protección de los datos personales de las y los mexicanos, tanto en el ámbito público como en el privado. No es una opinión: es un hecho acreditable con cifras, expedientes y resoluciones. Cientos de casos fueron atendidos, muchos de ellos de oficio, y los registros oficiales así lo demuestran.
En los últimos días se ha intentado instalar una narrativa que sostiene que el INAI no investigaba de oficio o que mantenía expedientes guardados hasta su caducidad. Tales afirmaciones no sólo desconocen la realidad institucional, sino que contradicen información pública, informes de ley y notas periodísticas ampliamente documentadas.
Basta revisar algunos casos de alto impacto mediático para constatarlo.
En febrero de 2024, se abrió una investigación por la filtración de números telefónicos de diversos actores políticos, tras hechos difundidos públicamente. En mayo del mismo año, el Instituto inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, información que fue exhibida durante una conferencia matutina en Palacio de Gobierno.
De igual forma, en enero de 2024 se realizó una investigación de oficio por la presunta filtración de datos personales de periodistas que cubrían las conferencias mañaneras del presidente de la República, lo cual incluso podría haber derivado en sanciones para la Presidencia.
Otro antecedente relevante ocurrió en octubre de 2022, cuando el INAI inició una investigación de oficio por el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, aun cuando la propia institución castrense no había informado oficialmente sobre la vulneración.
Estos ejemplos son sólo algunos de los casos más visibles, precisamente porque involucraban vulneraciones graves a datos personales cometidas tanto por autoridades como por particulares. En el caso de estos últimos, los informes anuales de actividades entregados al Senado dan cuenta de multas millonarias impuestas por el INAI, recursos que no ingresaban al Instituto, sino que se canalizaban a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Resulta preocupante que desde la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se afirme que el INAI no realizaba investigaciones de oficio o que carecía de responsabilidad institucional. Estas declaraciones evidencian desconocimiento de los números, de las estadísticas y de los asuntos resueltos, muchos de los cuales siguen disponibles en buscadores informativos y archivos periodísticos.
Más grave aún es afirmar que existían expedientes “guardados” para permitir su caducidad. Si ello fuera cierto, no debería tratarse de información reservada: la autoridad tendría la obligación de informar qué expedientes eran, de qué trataban y bajo la responsabilidad de qué comisionadas o comisionados se encontraban. De lo contrario, se trata de una narrativa sin sustento, orientada a desacreditar al pasado para justificar decisiones presentes.
El INAI resolvió casos de vida, casos de protección de datos personales y realizó investigaciones de oficio. Cuando se determinaban sanciones contra sujetos obligados, la ley establecía que se diera vista a los Órganos Internos de Control. Que muchas sanciones no se materializaran no fue por falta de trabajo del Instituto, sino por un diseño legal que limitaba su capacidad sancionadora, especialmente frente a autoridades.
Los informes que la ley obliga a presentar siguen —o deberían seguir— a disposición pública. Defender el trabajo realizado no es un asunto personal: es defender los hechos y el esfuerzo institucional de equipos técnicos, abogadas y abogados altamente capacitados que trabajaron en beneficio de la ciudadanía.
Tal vez el enfoque debería centrarse hoy en resolver las reservas de información pendientes, atender las constantes filtraciones de datos personales y retomar las investigaciones de oficio, en lugar de construir una narrativa que distorsiona la historia y debilita la protección de un derecho fundamental.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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