Zacatecas, Zac.- La crisis del sistema de salud en Zacatecas ha llegado a un punto de quiebre. El senador Saúl Monreal Ávila lanzó una denuncia directa y sin matices: exigió la renuncia de Carlos Hernández Magallanes, coordinador estatal del programa IMSS-Bienestar, a quien calificó de “mediocre” e “incapaz”. La acusación no es menor: lo responsabiliza del colapso en hospitales como el General de Fresnillo, donde actualmente sólo se atienden urgencias por falta de medicamentos e insumos.
Monreal denunció una cadena de irregularidades que incluyen el desperdicio de medicamentos almacenados sin distribución, el uso de servicios externos de lavandería y alimentación con estándares ínfimos de calidad y, sobre todo, una gestión incapaz de responder a las necesidades más básicas del sector. “Ni siquiera hay un paracetamol”, advirtió, subrayando que los únicos que sufren son los pacientes y el personal médico.
El señalamiento también alcanzó a funcionarios federales que operan en Zacatecas. Según el senador, los recursos existen, pero se pierden en una estructura burocrática torpe e insensible. “Se ha estado echando a perder medicamento porque lo tienen ahí en bodega”, sentenció, y apuntó directamente a otro nombre: Santillán Arreygue, a quien también responsabilizó de la falta de distribución. El diagnóstico es claro: hay negligencia operativa, pero también una complicidad silenciosa.
El legislador de Morena no eximió al gobierno estatal. Dirigió sus críticas al gobernador David Monreal y al secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, por tolerar una estructura plagada de funcionarios “indolentes”. En su mensaje, acusó a la administración local de priorizar proyectos secundarios mientras se desangra el sistema de salud. “Es preocupante que no se ponga orden desde arriba”, declaró.
A esta crítica política se suman hechos concretos. El pasado 30 de mayo, un juez federal concedió una suspensión de plano en el amparo 1640/2025, ordenando a las autoridades responsables del IMSS-Bienestar y a los Servicios de Salud del Estado garantizar el abasto inmediato de medicinas, insumos y equipo médico. La sentencia judicial confirma lo que las denuncias políticas ya anunciaban: el Estado ha incumplido su obligación constitucional de brindar atención médica adecuada.
La situación ha provocado movilizaciones. Trabajadores de salud han bloqueado oficinas y denunciado, además del desabasto, violaciones a sus derechos laborales. En este 2025, el deterioro del sistema ha empeorado con la escasez de personal, el aumento de quejas por negligencia y la precariedad de los servicios más esenciales. El senador advirtió que incluso los sindicatos federales están considerando limitar la atención únicamente a emergencias.
Monreal se comprometió a llevar el caso ante los directores nacionales del IMSS y del ISSSTE, y aseguró contar con pruebas fotográficas que documentan el abandono de insumos médicos, el deterioro del mobiliario hospitalario y la saturación de bodegas.
En contraste con la gravedad de sus acusaciones, también dedicó un momento a la reciente elección judicial, celebrando la participación de más de 13 millones de votantes, cifra que rebasó el total de sufragios del PAN en 2023. Y aunque aprovechó para cuestionar el papel de la oposición y pedir la aceleración de programas agrícolas ante la temporada de lluvias, el foco de su discurso volvió siempre al mismo punto: la salud en Zacatecas está al borde del colapso.
El deterioro no es nuevo, pero la omisión ahora se vuelve insostenible. La evidencia es pública. La denuncia es contundente. Lo que falta es acción. Y, por ahora, nadie parece dispuesto a asumir la responsabilidad
LNY/Redacción
