Zacatecas, Zac.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, defendió su estrategia de seguridad ante el repunte de violencia en el suroeste del estado, atribuyendo los ataques de grupos criminales en municipios como Villanueva, Jalpa y Tabasco a una reacción institucional. Pese a la persistencia de conflictos laborales en el sector educativo, el mandatario sostiene que su política de pacificación avanza.
La situación de seguridad en la entidad se ha visto tensionada por la actividad de lo que el Ejecutivo estatal denomina “delincuencia organizada inteligente”. Según la narrativa oficial, estas organizaciones poseen capacidades de movilidad y análisis que les permiten aprovechar la compleja orografía montañosa de la región para evadir la acción de la justicia.
David Monreal argumentó que, a diferencia de administraciones anteriores, la coordinación actual con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ha permitido mantener una presencia permanente y ejecutar detenciones clave, fortaleciendo la confianza en la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Estatal. Este cuerpo policial, según datos gubernamentales, presenta hoy mejores niveles de equipamiento y una reducción drástica en el número de bajas en comparación con periodos previos marcados por crisis de reclutamiento.
Un factor de desestabilización adicional ha sido la aparición de mensajes intimidatorios dirigidos a la corporación policial y a la senadora Verónica Díaz Robles. El gobernador interpretó estos actos no sólo como una comunicación entre células delictivas, sino como una herramienta de distracción política vinculada a intereses de gestiones pasadas.
Para el Ejecutivo, estas amenazas forman parte de una simbiosis de perversidad que busca socavar la fortaleza de las instituciones mediante campañas de desprestigio, advirtiendo que los actores políticos que recurran a estos métodos ya no gozan de impunidad en el marco de las mesas de seguridad ciudadana.
En el ámbito social, la gestión estatal enfrenta un clima de parálisis en instituciones clave como la Universidad Politécnica de Zacatecas, la Universidad Tecnológica y el Centro de Actualización del Magisterio. Los paros y huelgas, motivados por demandas salariales y de nombramientos directivos, han sido calificados por el mandatario como “actos de politiquería” que anteponen intereses particulares al derecho a la educación.
David Monreal criticó los métodos de presión, como el bloqueo de vías de comunicación, y sostuvo que estos movimientos buscan coaccionar al Estado para obtener beneficios extraordinarios. La postura oficial vincula la resolución de estos conflictos y la pacificación general a una corresponsabilidad ciudadana, sugiriendo que el esfuerzo institucional requiere un acompañamiento social que evite la desviación de las causas legítimas hacia ambiciones políticas.
LNY | Redacción