OSVALDO ÁVILA TIZCAREÑO
En colaboraciones anteriores he dado cuenta de la labor de organización que venimos impulsando desde hace años con el propósito de identificar necesidades apremiantes en comunidades y colonias, a efecto de exponerlas a la autoridad para buscar soluciones. En virtud de la naturaleza de las mismas, muchas de ellas han sido expuestas durante los casi cuatro años del actual gobierno a los distintos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pues se trata en su mayoría de cuestiones que tienen que ver con rezago social.
La respuesta ha variado, tres han sido los titulares de la dependencia y cada uno le ha impreso su particular estilo: con el primer secretario Carlos Zuñiga, sostuvimos algunas reuniones y se hicieron compromisos pero no se concretó nada, con la llegada de Sergio Casas se suspendió en absoluto cualquier encuentro; y con él nombramiento de Bennelly Hernández pensamos que las cosas cambiarían para bien, pues conocíamos de su experiencia y habíamos tenido la oportunidad de establecer diálogo con ella en otro momento como diputada federal, por tanto, era de esperarse que sin violentar la normatividad o sesgarla, habría un viraje en el tratamiento de las solicitudes.
Sin embargo, la realidad nos demostró lo contrario, al menos en cuatro ocasiones, el que esto escribe y una comisión de antorchistas acudimos a solicitar audiencia; posteriormente presentamos de nueva cuenta las solicitudes de forma pormenorizada, y en la última semana la solicitamos por escrito, (amablemente nos atendieron las recepcionistas y se comprometieron hablarnos, pero nunca se concretó nada).
Lo cierto es que la realidad demanda acciones más allá de colores partidistas o cuestiones de índole personal, pues según el informe Anual Sobre La Situación de la Pobreza y Rezago Social del Gobierno Federal del 2023, (subrayo que se trata de un documento oficial que cualquiera puede consultar), y por ende no es un ataque, sino un diagnóstico gubernamental a efecto de tomar determinaciones sobre las políticas en este rubro.
Los datos oficiales son elocuentes y requieren de acciones conjuntas entre sociedad y gobierno. Veamos.
Más de 292 mil personas padecen rezago educativo, 389 mil no cuentan con servicios de salud, más de 55 mil personas no tienen una vivienda digna, 129 mil no cuentan con servicios públicos elementales y 260 no se alimentan bien.
13 mil hogares tienen piso de tierra, más de 3 mil techo de materiales provisionales y 37 mil son hogares en condiciones de hacinamiento, ciertamente los datos anteriores no son obra del actual gobierno, pero es necesario se instrumenten acciones para abatir tal situación progresivamente.
Ante el cuadro anterior, lejos de ver con desdén nuestras peticiones deberían usarlas como auxiliar para identificar o validar la certeza de ellas y tener un diagnóstico preciso para avanzar en el combate y erradicación de la pobreza, pero nada de eso sucede, como si se tratara de marcianos o gente de otro país, en la Sedesol se ignoran nuestras solicitudes, pretendiendo castigar a los líderes, esperando que la problemática desaparezca sola o frenar nuestra lucha, pero nada de eso acontecerá. A los antorchistas no nos queda otro camino que persistir ante la cerrazón que encontramos, por lo que acudiremos en próximos días a solicitar de nueva cuenta audiencia con Bennelly Hernández y de no ser atendidos acudiremos cada semana hasta que se resuelvan las necesidades sociales que gestionamos. Que conste.
