Zacatecas, Zac.- El abogado Jorge Rada Luévano, representante legal de los colectivos que impulsaron la cancelación del viaducto elevado en Zacatecas, sostiene que la decisión del gobierno estatal no fue voluntaria, sino una respuesta forzada por la presión social y jurídica. En un posicionamiento crítico, Rada detalla cómo la movilización ciudadana, respaldada por recursos legales ante jueces federales y una campaña pública de denuncia, logró lo que parecía imposible: detener un proyecto impuesto sin consulta, plagado de irregularidades y violaciones al marco legal.
El caso expone un patrón de opacidad en la administración pública zacatecana. Según Rada, la obra se autorizó sin cumplir los requisitos mínimos de transparencia, licitación y evaluación de impacto social, lo que derivó en contratos anticipados, pagos injustificados y afectaciones a colonias enteras. Aunque el gobierno finalmente dio marcha atrás, los daños son irreversibles: calles y espacios públicos deteriorados, pérdidas económicas para comerciantes locales y un fideicomiso público manejado con opacidad.
El abogado enfatiza que este no es un simple retroceso administrativo, sino un precedente jurídico. Demuestra que, incluso en un entorno de impunidad estructural, la organización ciudadana puede imponer el Estado de derecho. Sin embargo, advierte que la cancelación es solo el primer paso. Exige una auditoría independiente al fideicomiso que financió la obra, la revisión de todas las transferencias y contratos, así como procesos penales y administrativos contra los funcionarios que avalaron el proyecto sin sustento legal.
Además, Rada plantea la necesidad de un comité ciudadano de seguimiento para evitar que decisiones similares se tomen sin consulta pública. También propone una reforma normativa que elimine los vacíos legales que permitieron este caso, estableciendo mecanismos más estrictos de fiscalización en obras públicas.
“Este no es un tema de venganza, sino de justicia y reparación”, afirma. “Si el gobierno no rinde cuentas, este tipo de atropellos seguirán repitiéndose”. La victoria en Zacatecas, concluye, es un llamado a que la ciudadanía no se resigne ante la imposición, sino que use las herramientas legales y la movilización para defender sus derechos.
LNY/Redacción
