JUAN DEL REAL
México no puede seguir normalizando la inseguridad como si fuera parte inevitable de su realidad. Desde hace más de veinte años, la violencia ligada a la delincuencia organizada ha dejado una estela de víctimas, comunidades desplazadas y una profunda desconfianza hacia las instituciones. No se trata solo de cifras; es una crisis de Estado que exige una revisión seria y valiente de la estrategia adoptada.
La eventual captura o abatimiento de líderes criminales como Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, es un mensaje claro de que el Estado conserva la capacidad de imponer la ley. Ninguna organización puede estar por encima del orden constitucional. Sin embargo, la experiencia demuestra que detener a un capo no desmantela por sí misma las redes financieras, logísticas y sociales que sostienen al crimen organizado.
La estrategia iniciada hace dos décadas, basada en el despliegue militar y el enfrentamiento frontal, no logró reducir de forma sostenida la violencia. Por el contrario, la fragmentación de grupos criminales multiplicó conflictos locales y agravó la disputa territorial. Insistir exclusivamente en la militarización o en el punitivismo como única respuesta es ignorar la complejidad del fenómeno.
La fuerza del Estado es indispensable, pero debe ejercerse con inteligencia, coordinación y legalidad. Es urgente fortalecer policías civiles, invertir en investigación financiera, depurar fiscalías y consolidar sistemas de justicia eficaces. Sin instituciones sólidas, cualquier golpe táctico será efímero.
México necesita pasar de una reacción permanente a una política integral que combine autoridad, colaboración y construcción de paz sostenible.
Sobre la Firma
Jurista, académico y dirigente de Movimiento Ciudadano.
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