Zacatecas, Zac.- La Subsecretaría de Educación de Zacatecas ordenó la cancelación generalizada de contratos del personal en Escuelas Normales, el Centro de Actualización del Magisterio y UPN, efectiva el 1 de noviembre. La medida, justificada por “inconsistencias” administrativas, ha sido calificada de “manifiestamente ilegal” por abogados defensores, quienes denuncian violaciones constitucionales graves.
El oficio SEMS-577/2025, emitido el 31 de octubre de 2025 por la Subsecretaría de Educación Media y Superior, instruyó que los contratos vigentes fueran dados por concluidos. La medida fue dirigida a la subsecretaria Administrativa, Adriana Vargas Tagle, y a la directora de Capital Humano, Lucero Arely Aguilera Luna, por el subsecretario Antonio Reyes Carlos. Aunque la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) no precisó el número exacto de contratos afectados, el documento ha generado gran preocupación y molestia entre el personal.
El abogado Jorge Rada, en representación de los trabajadores, emitió una respuesta en sus redes sociales en la que afirmó que la instrucción constituye un acto manifiestamente ilegal y violatorio de los derechos laborales. Rada señaló que el oficio carece de la necesaria fundamentación, motivación y no establece una causa legal válida para el cese. El despacho legal subraya que la orden viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, al privar de derechos sin un procedimiento legal previo. Además, contraviene el artículo 123 constitucional y los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal del Trabajo, pues ordena ceses sin observar las causales ni el derecho de audiencia de los trabajadores.
El equipo jurídico ha enfatizado la invalidez del acto, argumentando que la instrucción fue firmada por un “encargado de despacho” que, según la defensa, no posee las facultades expresas para rescindir relaciones laborales de esta naturaleza, por lo que la orden es considerada “nula de pleno derecho”.
La medida representa una “cancelación masiva e intempestiva” de contratos en pleno desarrollo del semestre escolar. Este impacto no solo afecta el sustento y la estabilidad laboral de los docentes, sino que también pone en riesgo la continuidad académica y la educación de cientos de estudiantes en las instituciones formadoras.
Frente a esta situación, el despacho legal anunció el inicio de una acción jurídica colectiva. La estrategia de defensa incluye la interposición de amparos indirectos por violación a derechos constitucionales. También se presentarán denuncias formales ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Derechos Humanos por abuso de autoridad y violación al debido proceso administrativo. El equipo de Rada solicitará medidas cautelares para suspender la ejecución de la orden administrativa mientras se resuelve su legalidad en los tribunales. El abogado ha convocado a todo el personal docente afectado a comunicarse para la integración inmediata de los expedientes de defensa.
LNY | Redacción