JACOBO CRUZ
La política migratoria que ha decretado el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, es una medida desesperada ante el hundimiento del capitalismo norteamericano de lo cual se culpa a trabajadores indocumentados, que durante décadas han creado la grandeza de la nación.
Como ejemplo del desarrollo alcanzado con la fuerza de trabajo de los migrantes, está el estado de California, demarcación que alberga a casi una cuarta parte de los 11 millones de personas con estancia ilegal, que de forma comparativa convirtieron a la entidad en la cuarta economía del mundo.
Fue en la ciudad de Los Ángeles donde el pasado 6 de junio empezaron las redadas ordenadas por Trump, operaciones a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) que tiene el objetivo de aumentar las detenciones a tres mil diarias. Las redadas desataron una ola de protestas y movilizaciones que han escalado a enfrentamientos con las autoridades en varias ciudades estadounidenses; ante este escenario, Trump decidió enviar a dos mil elementos de la Guardia Nacional y 700 marines para reprimir a los manifestantes y deportar a cerca de un millón de indocumentados.
Estados Unidos y México son naciones entrelazadas por el comercio, la geografía y la historia, pero sobre todo por la gente que ha cruzado la frontera norte. Los primeros mexicanos que fueron a trabajar temporalmente, lo hicieron mediante un acuerdo laboral entre ambas naciones entre los años 1942 y 1964 como medida para cubrir la falta de mano de obra en la agricultura y la construcción de líneas férreas ante la problemática generada por la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, se generó el interés de los mexicanos por buscar el trabajo remunerado que les ofrecía EE.UU. ante la falta de empleo y pobreza generalizada en nuestro país, situación que con el paso de los años no se ha podido detener.
Al respecto, ha crecido la idea de que la migración de connacionales se da por mera cuestión cultural, ocultando que las verdaderas raíces del problema migratorio se da por el robo y saqueo de los recursos naturales de empresarios nacionales y extranjeros y por la sobreexplotación de la mano de obra de los obreros mexicanos con salarios miserables.
De acuerdo a datos de la Revista Buzos de la Noticia, (Redadas y protestas en EE. UU., ¿casualidad o necesidad?, Miguel Ángel Casique 14 junio, 2025), ahora hay más de 37 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, de primera, segunda o tercera generación y con su fuerza de trabajo, energía e inteligencia, se produjo la riqueza colosal que acumulan unos cuantos aventajados que hoy quieren deportarlos.
Dije que la migración tiene muchos años, en consecuencia, los residentes más antiguos, y primera minoría en ese país, son mexicanos, incluidos 14 millones sin permiso migratorio. Por su trabajo allá, envían remesas a sus familias; que sólo de enero a abril de 2025 sumaron 13 mil 870 millones de dólares (mdd).
El interés de terminar con la migración no es nuevo, muchas veces hemos escuchado que los ciudadanos norteamericanos se quejan que los migrantes les quitan oportunidades de trabajo, pero al mismo tiempo se ha documentado que las labores más difíciles y peligrosas son los que realizan los mexicanos; y allí donde los eliminan, no hay quien levante las cosechas de los extensos campos, lo mismo ocurre con los trabajos de construcción. El daño económico es denunciado por los mismos empresarios norteamericanos, que han pedido al gobierno federal del republicano Trump, el cese de las deportaciones porque las pérdidas son millonarias en las dos semanas que lleva el operativo.
En 1994, hace 30 años, fue la última vez que Los Ángeles escenificó el despliegue de fuerzas federales para aplicar medidas antimigratorias, cuando el republicano Pete Wilson invocó la iniciativa de Ley 187 que negaba servicios sociales, médicos y educación a indocumentados, denuncian la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que exigió a las autoridades mantener a Los Ángeles como Ciudad Santuario.
Los datos duros demuestran que en EE. UU. se ha profundizado más la desigualdad social durante los últimos meses: el 10 por ciento de los estadounidenses más ricos posee el 71 por ciento de la riqueza, mientras que la mitad de la población sólo posee 1.5 por ciento; hay 38 millones de personas viviendo en pobreza y unos nueve millones de niños en pobreza infantil, y un incremento considerable en el consumo de drogas.
Se sabe que en EE. UU. existen 653 mil indigentes (homeless); presenta déficit de vivienda correspondiente a 7.3 millones de unidades; por cada millón de personas de entre uno y 19 años, se registraron 36.4 muertes por armas de fuego; el sistema de salud es el más caro del mundo y resulta inaccesible para 30 millones de personas (9.2 por ciento de la población) sin seguro médico; y en educación, por ejemplo, hay más de 45 millones de estadounidenses deudores de préstamos estudiantiles, con pagos extendidos por décadas: la educación representa una trampa monetaria.
En EE. UU. existe una crisis y ahora se profundiza; las protestas por la política migratoria revelan la necesidad inevitable de aquel país y el mundo de otra forma de gobernar, una más justa y que mejore la vida de la sociedad. Ante ello, los migrantes no se rinden, están en la tierra que vio nacer a sus tatarabuelos y donde crecen sus hijos, además de ser quienes más impuestos pagan.
La migración fue iniciativa de Estados Unidos, ellos fueron los promotores, lograron su crecimiento explotando la mano de obra mal pagada, pero ahora son víctimas de lo que ellos provocaron. Los migrantes exigen derechos a la nación que los explotó, siendo esta una gran contradicción del capitalismo norteamericano que vive las más grandes protestas en el corazón de todas sus ciudades, dejando sentir su fuerza numérica y la solidaridad de millares de ciudadanos estadounidenses que juntos reclaman su estancia legal y el trabajo honesto.
