MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
En esta era de digitalización, el Instituto Nacional Electoral anunció la Estrategia de Transformación Digital, que busca ofrecer a la ciudadanía productos y servicios digitales de alto valor para fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.
Esta estrategia incluye 20 proyectos, entre los que destacan la credencial para votar digital, el voto electrónico, las Listas Nominales Electrónicas, el uso de inteligencia artificial para detectar patrones de inconsistencia en el Padrón o las Listas Nominales de Electores, un sistema integral de información del Registro Federal de Electores, un sistema de pre-registro en línea y la creación de un ecosistema integral de ciberseguridad.
Esto significa que, mediante el uso de tecnologías en las operaciones diarias y la automatización de los procesos del Registro Federal de Electores, el INE proyecta implementar una Credencial para Votar Digital, cuya primera versión funcionaría como complemento de la credencial física. Esto generará mayor flexibilidad en su emisión y actualización, así como un mejor control de los datos personales.
La Credencial para Votar Digital permitiría a las personas que residen en Estados Unidos de América o en cualquier otra parte del mundo obtener su credencial con mayor facilidad, evitando las dificultades que, por razones de tiempo y distancia, impiden a los solicitantes acudir a los módulos del INE para tramitarla.
La credencial para votar con fotografía no solo es el instrumento idóneo para ejercer el voto en elecciones federales y estatales, sino que constituye el documento oficial de identificación más ampliamente aceptado para realizar actos jurídicos y trámites, incluyendo operaciones de compraventa en el territorio mexicano. Por ello, la implementación de la Credencial para Votar Digital representaría un importante apoyo para nuestros connacionales residentes en el extranjero.
Otro aspecto relevante en el que trabaja el INE es la implementación del voto por internet en territorio nacional, similar al sistema ya existente para el voto en el extranjero. Esta modalidad permitiría a los ciudadanos que no puedan acudir a las casillas por motivos de discapacidad, enfermedad o impedimento físico temporal ejercer su derecho al voto mediante esta plataforma, así como facilitaría el voto a sus cuidadores.
Adicionalmente, se promoverá el voto electrónico mediante urnas físicas en casillas. Esta iniciativa cobra especial relevancia ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE que, una vez concluido el proceso electoral federal de 2024, se establezca la ruta de trabajo para implementar el “voto por internet” y “voto electrónico” en las elecciones federales de 2027. Con esta estrategia, el Instituto avanza en el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Electoral.
Ciertamente, esta estrategia implicará reformas legales, cambios organizacionales, procedimentales y tecnológicos. Por ello, los consejeros y consejeras del INE han señalado que su aprobación no significa la implementación automática de los proyectos contemplados, sino que su instrumentación dependerá de: la disponibilidad presupuestal, las capacidades técnicas, la viabilidad jurídica y tecnológica, así como del acuerdo entre los partidos políticos y actores relevantes del país.
De no existir consenso entre los partidos políticos para instrumentar el voto electrónico y el voto por internet, estas modalidades -a pesar de sus beneficios potenciales y significativos ahorros- simplemente no avanzarán. Precisamente, esta falta de acuerdo deriva de la desconfianza mutua entre las fuerzas políticas, alimentada por la sospecha de fraudes electorales a lo largo de la historia mexicana.
Las elecciones en nuestro país han estado marcadas por episodios controvertidos donde distintas versiones dificultan establecer una verdad histórica incontrovertible. El caso más emblemático ocurrió durante las elecciones presidenciales de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, candidato opositor al régimen, aparentaba liderar las preferencias electorales, generando expectativas de victoria entre sus seguidores. Sin embargo, tras la misteriosa caída del sistema de cómputo electoral, Carlos Salinas de Gortari, candidato del partido oficial, fue declarado ganador y ejerció la presidencia durante el sexenio 1988-1994.
Otro caso controvertido, cuya verdad histórica tampoco ha sido completamente esclarecida, es el de las elecciones presidenciales de 2006. En dicha contienda, Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que existió un fraude electoral y que Felipe Calderón Hinojosa obtuvo la presidencia de manera irregular.
Lo indudable es que nuestro sistema electoral ha estado marcado por ciclos de desconfianza, confrontaciones y cuestionamientos. Ante este escenario, resulta imperativo avanzar hacia una auténtica transformación digital de los procesos electorales, mediante reformas legales basadas en el diálogo constructivo y acuerdos entre todas las fuerzas políticas e instituciones gubernamentales.
Este enfoque resulta fundamental porque las reglas electorales deben surgir necesariamente del consenso y proyectarse con visión de Estado, considerando que en democracia los triunfos son temporales y las derrotas no son definitivas.