Ciudad de México.- La senadora Verónica Díaz votó en el Senado de México a favor de una reforma integral a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para impedir la apropiación indebida de los saberes y diseños de las comunidades indígenas y afromexicanas. La iniciativa, enviada por la presidencia de la República, busca otorgar certeza jurídica a los conocimientos ancestrales frente al uso comercial sin consentimiento, fortaleciendo el reconocimiento del patrimonio colectivo en un marco de respeto a la diversidad cultural del país.
La modificación legal responde a una problemática histórica de explotación de técnicas artesanales y expresiones culturales por parte de terceros sin retribución ni reconocimiento a los pueblos originarios. Al establecer mecanismos de protección específicos, la legislación intenta frenar el vacío legal que permitía el plagio de iconografías y conocimientos tradicionales bajo esquemas de propiedad industrial convencional. La senadora Díaz destacó que la medida es fundamental para salvaguardar la identidad y la creatividad de un país cuya riqueza ha sido vulnerada frecuentemente por prácticas de apropiación indebida.
Más allá de la protección cultural, la reforma introduce cambios estructurales en la operatividad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Se contempla la digitalización integral de trámites y la creación de la solicitud provisional de patente, herramientas diseñadas para reducir los tiempos de respuesta y dotar de mayor competitividad al sector innovador. Estas medidas buscan agilizar los procesos administrativos para inventores y empresas, facilitando la transferencia tecnológica y el desarrollo científico en un entorno de creciente demanda de registros.
El fortalecimiento de las facultades de inspección del IMPI completa el nuevo marco normativo, permitiendo una vigilancia más rigurosa sobre el uso de derechos de propiedad. La institucionalización de estas protecciones pretende equilibrar la modernización del sistema industrial con el respeto a la propiedad intelectual colectiva, garantizando que el desarrollo económico no se realice a expensas de los derechos de las comunidades que custodian el legado histórico de México.
LNY | Redacción