RAYMUNDO MORENO ROMERO
Cuando un grupo criminal lanza drones con explosivos sobre comunidades rurales o incluso contra comandancias de policía, como ocurrió recientemente en Luis Moya, la pregunta deja de ser retórica: ¿Qué más tiene que pasar para reconocer que estamos frente a actos de terrorismo?
Porque esto ya no es solamente delincuencia organizada. El uso de drones armados no busca únicamente lastimar a un rival, busca generar miedo colectivo, paralizar comunidades enteras y demostrar control territorial.
Es la misma lógica que utilizan grupos insurgentes en Medio Oriente u organizaciones paramilitares en conflictos internacionales. La diferencia es que aquí ocurre dentro de México, a la vista de todos y frente a un gobierno que insiste en repetir que todo está “bajo control”.
En Zacatecas, la violencia dejó de ser un episodio aislado hace mucho tiempo. Municipios como Villanueva, Guadalupe, Pinos o Luis Moya han vivido bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ejecuciones y desplazamientos silenciosos de familias enteras.
Los habitantes ya aprendieron a leer las señales del miedo: cuando las calles se vacían temprano, cuando los negocios cierran antes del anochecer, cuando las madres mandan mensajes para confirmar que sus hijos llegaron bien a casa.
Ese clima de desasosiego se construye con terror.
Mientras tanto, desde la presidencia se repite el mantra político que ha marcado a la mal llamada 4T: “abrazos, no balazos”. Una frase que pudo sonar humanista en su momento, pero que en la práctica terminó convirtiéndose en una política de inmovilidad frente al crecimiento territorial y la diversificación de los grupos criminales.
El resultado está a la vista.
En algunas regiones del país —y Zacatecas es un ejemplo doloroso— los criminales ya no operan como simples bandas. Operan como ejércitos irregulares: usan tecnología militar, controlan caminos, imponen reglas y desplazan a la población.
Cuando un grupo armado tiene la capacidad de lanzar drones explosivos contra comunidades, estamos frente a algo más que crimen organizado. Estamos ante violencia con vocación de dominio territorial y psicológico.
Eso, en cualquier manual de seguridad nacional, tiene un nombre: terrorismo.
Pero reconocerlo implicaría aceptar que las estrategias federal y estatal fracasaron. Y en política, muchas veces admitir el fracaso resulta más difícil que enfrentar la realidad. Por eso el discurso oficial prefiere hablar de “incidentes aislados”.
Mientras tanto, en Zacatecas vivimos entre retenes, convoyes, patrullajes militares y la incertidumbre cotidiana de no saber qué pasará mañana.
El problema no es solo semántico, nombrar las cosas importa. Porque mientras el gobierno siga negándose a reconocer la verdadera naturaleza del problema, seguirá respondiendo con herramientas equivocadas.
La violencia en Zacatecas dejó de ser un fenómeno criminal ordinario. Es una estrategia de intimidación colectiva para controlar territorios completos.
Cuando una organización utiliza explosivos, tecnología aérea y violencia pública para someter comunidades, la pregunta ya no es exagerada.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿Hasta cuándo vamos a evitar llamar al terrorismo por su nombre?
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Funcionario público con responsabilidad social y cultural
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