Zacatecas, Zac.- El diputado federal José Narro Céspedes anunció una movilización regional de productores y gestiones ante el Gobierno federal para intervenir en el mercado del frijol y el ajo, ante la caída de precios y la corrupción en centros de acopio. El legislador busca establecer mesas de negociación con grandes comercializadoras y auditar el programa de precios de garantía para proteger la soberanía alimentaria.
La crisis que enfrentan los productores de Chihuahua, Durango y Zacatecas —estado líder en la cosecha de ajo— responde a una brecha injustificable entre los costos de producción y el precio final al consumidor. Mientras el kilo de frijol alcanza los 45 pesos en las cadenas de autoservicio, el pago al agricultor se reduce a ocho pesos, una distorsión que evidencia prácticas de especulación y falta de regulación efectiva. Ante este escenario, el Encuentro Regional de Productores convocado en Fresnillo este 1 de marzo pretende consolidar un frente común que presione por el cierre temporal de fronteras, impidiendo que las importaciones desleales sigan desplazando la cosecha nacional.
La intervención institucional solicitada no se limita a la política comercial, sino que alcanza la seguridad y la transparencia administrativa. El legislador denunció la existencia de extorsiones y cobros indebidos en los puntos de almacenamiento, por lo que ha formalizado la petición de que la Guardia Nacional custodie estos recintos y se realicen auditorías integrales para erradicar la corrupción. Asimismo, la propuesta de suspender la licitación de 90 mil toneladas de grano busca frenar la presión a la baja sobre los precios, una medida técnica necesaria para estabilizar los ingresos de las familias rurales.
En el ámbito legislativo, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados ha validado un pronunciamiento sobre la situación del frijol que será sometido al Pleno, mientras se mantienen abiertas rutas de interlocución con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Esta última gestión responde a la falta de pagos y prestaciones en programas de educación inicial, lo que amplía el conflicto del sector agrario a una demanda de cumplimiento de derechos laborales básicos. La resolución de esta crisis depende ahora de la capacidad del Ejecutivo para corregir las fallas en el sistema de acopio y garantizar que las grandes empresas comercializadoras operen bajo márgenes de ganancia que no comprometan la viabilidad de la producción primaria en el país.
LNY º Redacciòn