Ciudad de México.- El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente Salas, consolidó acuerdos en la Cámara de Diputados para aprobar una reforma al Código Penal Federal que amplía la definición de abuso sexual. La modificación, fundamentada en estándares internacionales de derechos humanos, busca eliminar vacíos legales que favorecen la impunidad, estableciendo el consentimiento como eje central para investigar y sancionar la violencia sexual.
La relevancia de este avance legislativo reside en la actualización de un marco jurídico que, durante décadas, ha mantenido ambigüedades estructurales. Al situar el consentimiento como el factor determinante del delito, la ley deja de presumir la aceptación por el silencio o la falta de resistencia de la víctima. Este cambio de paradigma busca revertir la tendencia histórica de trasladar la carga de la prueba a quienes sufren la agresión, protegiendo con mayor precisión la integridad de mujeres, niñas y adolescentes en todo el país.
El texto introduce criterios de proporcionalidad en la justicia penal. La reforma establece una pena base de tres a siete años de prisión, acompañada de multas y un sistema de agravantes que permite a los juzgadores graduar la penalidad según la gravedad del hecho. Esta estructura normativa pretende responder a conductas que ocurren con frecuencia en espacios públicos y que anteriormente eran minimizadas o excluidas de la persecución penal por no ajustarse a descripciones técnicas rígidas.
Desde una perspectiva institucional, el legislador Carlos Puente ha señalado que el objetivo prioritario es garantizar que la ley no ignore la violencia en ningún espacio. La reforma reconoce que el abuso sexual vulnera la autonomía y la libertad de la persona, convirtiendo a la víctima en objeto y fracturando el tejido social. Este enfoque con perspectiva de género es una herramienta técnica necesaria para que las autoridades cuenten con elementos claros durante el proceso de judicialización de delitos que, de otro modo, quedarían archivados.
La proyección de esta medida alcanza un nivel regional estratégico. Puente ha subrayado la urgencia de homologar estos cambios con el Código Penal del Estado de Zacatecas para asegurar que las mujeres de la entidad gocen de la misma protección jurídica federal. Esta armonización legislativa se presenta como una acción directa para robustecer las instituciones locales y enviar un mensaje de tolerancia cero ante la violencia de género, consolidando un estándar de justicia más equitativo y eficiente.
LNY | Redacción