domingo, febrero 15, 2026
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Protección a mujeres avanza en México: Verónica Díaz

Ciudad de México.- La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. La iniciativa, impulsada por la senadora Verónica Díaz Robles, propone programas educativos preventivos y obliga a las entidades federativas a armonizar sus leyes locales para erradicar la violencia de género.

Esta reforma legislativa sitúa la prevención educativa en el centro de la estrategia institucional contra la violencia machista. El dictamen establece que el diseño de los contenidos escolares estará a cargo de funcionarios capacitados en derechos humanos y perspectiva de género, con el fin de evitar que el activismo sustituya al rigor técnico. El proyecto asigna al personal docente una función determinante en la construcción de una cultura de paz, bajo la premisa de que la escuela es el espacio idóneo para desactivar la normalización de conductas agresivas desde la infancia.

El alcance de la medida no es solo pedagógico, sino también estructural y político. Al reafirmar la obligatoriedad de que los estados ajusten sus marcos jurídicos a la ley general, el Senado busca eliminar los rezagos normativos que hoy generan brechas en la investigación y sanción de delitos en diferentes regiones del país. Este proceso de armonización técnica pretende garantizar que las víctimas reciban el mismo nivel de atención y justicia, independientemente del territorio nacional en el que se encuentren.

En términos políticos, la aprobación del dictamen se produce en un momento de consolidación del liderazgo femenino en el Ejecutivo federal. La senadora Díaz vinculó este avance con la agenda de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, interpretando la reforma como un mecanismo de justicia social que trasciende la retórica parlamentaria. El fortalecimiento de esta ley general representa, en última instancia, un compromiso institucional para transformar las demandas sociales en políticas públicas verificables y obligatorias para todo el Estado mexicano.

LNY | Redacción

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