JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Hoy el país vive un momento complejo. Entre declaraciones contradictorias, verdades a medias y disputas internas que se ventilan en la arena pública, la conversación nacional parece alejarse de lo verdaderamente importante: la estabilidad, la certeza jurídica y el bienestar de las personas.
Cuando la política se convierte en espectáculo, el fondo se diluye. Observamos actores que se desmarcan de las líneas trazadas desde la Presidencia, partidos que exhiben fracturas internas y posicionamientos que cambian según la coyuntura. La confrontación ocupa titulares; las soluciones, en cambio, se posponen. Y en medio de esa rebatinga, está el ciudadano.
No se trata sólo de diferencias ideológicas (que son naturales en una democracia), sino de la forma en que esas diferencias se procesan. Iniciativas impulsadas sin consenso, reformas anunciadas sin claridad técnica o decisiones tomadas bajo presión política generan una incertidumbre, y esta se traduce en freno a la inversión, en proyectos productivos que se detienen, en empleos que no se crean o que se pierden.
El ciudadano observa cómo una misma realidad es presentada en versiones opuestas. Para unos, todo representa avance; para otros, todo es retroceso. La narrativa se acomoda según la conveniencia política. Sin embargo, la vida cotidiana no se mueve al ritmo de los discursos, sino al ritmo de la economía familiar, de la seguridad en las calles, de la estabilidad laboral y de la confianza en las instituciones.
En este contexto, los órganos públicos y las instituciones atraviesan momentos de tensión. Las y los servidores públicos enfrentan presiones constantes derivadas de esta confrontación política. Pero la transparencia, la rendición de cuentas y la estabilidad institucional no pueden convertirse en fichas de negociación. Debilitar instituciones o someterlas a intereses coyunturales erosiona la confianza pública y pone en riesgo derechos conquistados.
Jugar con la certidumbre jurídica de las personas, con su derecho a saber o con sus necesidades es cruzar una línea peligrosa. Porque cuando se debilita la confianza institucional, el impacto se refleja en la economía, en los mercados, en la percepción internacional y, sobre todo, en la vida diaria de millones de familias.
Resulta preocupante que, frente a los desafíos nacionales e internacionales que enfrenta México, buena parte de la discusión pública se centre en disputas de poder. Cada fractura expuesta, cada mensaje contradictorio, cada confrontación innecesaria envía señales de inestabilidad. Y sin confianza no hay inversión; sin inversión no hay empleo; sin empleo no hay desarrollo sostenible.
La historia nos ha enseñado que las verdades terminan por imponerse. Las narrativas pueden dominar por un tiempo, pero los hechos siempre dejan huella. Las decisiones públicas tienen consecuencias, y las omisiones también. La memoria social es más fuerte de lo que a veces se piensa.
Al final, el único juzgador con rostro es el ciudadano. Es quien vive las consecuencias de cada acierto y de cada error. Es quien asume los costos cuando las decisiones se toman sin responsabilidad. Y es quien, llegado el momento, decide con su voto, con su participación y con su memoria.
La política debe ser un instrumento para resolver problemas, no para profundizarlos. El poder es transitorio; la responsabilidad con la gente debería ser permanente. En tiempos de polarización y ruido, conviene recordar que gobernar implica construir certezas, no sembrar dudas. Porque cuando la política pierde de vista al ciudadano, pierde su razón de ser.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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