OMAR CARRERA
La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, marca un punto de inflexión en la relación entre poder local e impunidad. No es un hecho menor ni un asunto exclusivamente municipal: es una señal política de alcance nacional. En un país donde durante años muchos ayuntamientos fueron capturados o condicionados por el crimen organizado, este episodio demuestra que el cargo público ya no puede funcionar como escudo automático frente a la justicia.
El mensaje del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum es claro y deliberadamente incómodo para algunos sectores: no hay tolerancia a la delincuencia, sea quien sea el implicado y sin importar el puesto que ocupe. Esta postura rompe con la narrativa de resignación que normalizó la colusión entre autoridades locales y grupos criminales bajo el argumento de la “gobernabilidad” o la “realidad regional”.
Un alcalde no es un actor secundario. Maneja presupuesto, influye en la seguridad pública municipal y controla decisiones administrativas clave. Cuando ese nivel de gobierno se contamina, el Estado pierde capacidad real de proteger a la ciudadanía. Por eso, que un alcalde en funciones sea detenido envía una advertencia directa a los más de dos mil municipios del país: gobernar implica responsabilidad penal, no solo política.
Habrá críticas que intenten reducir el caso a un supuesto uso político de la justicia. Esa acusación solo tiene sentido si se prueban irregularidades o persecución selectiva. Convertirla en argumento automático es, en los hechos, defender la impunidad. Si existen elementos y proceso, lo responsable es dejar actuar a la justicia y exigir que el caso llegue hasta el final, sin excepciones ni arreglos discrecionales.
La lectura federal también es relevante. Durante años, la infiltración criminal se trató como un problema “local”, deslindando responsabilidades desde el centro. Hoy, el mensaje es distinto: la coordinación existe y la omisión ya no es aceptable. Esto incomoda a viejos cacicazgos municipales, pero fortalece al Estado.
La detención del alcalde de Tequila debe entenderse como un mensaje a todos los alcaldes del país. Para quienes gobiernan bajo presión criminal, es una oportunidad de romper pactos y respaldarse en la ley. Para quienes gobiernan coludidos, es una advertencia directa. Y para la ciudadanía, es una prueba clave: si la ley puede alcanzar al poder local sin pedir permiso, entonces México empieza a redefinir, con hechos y no discursos, la relación entre autoridad y justicia.
Sobre la Firma
Ingeniero, funcionario estatal y columnista morenista.
omar.carrera@zacatecas.gob.mx
BIO completa