Ciudad de México.- El Senado de México ha aprobado la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una medida de aplicación gradual que busca equilibrar la productividad con el bienestar personal. La senadora Geovanna Bañuelos, al presentar el dictamen, destacó que este cambio estructural representa un avance histórico en la dignificación del trabajo y la justicia social.
La reforma, impulsada inicialmente por el Partido del Trabajo, se integra en un ciclo de modificaciones legales que han transformado el panorama laboral mexicano en la última década. Entre los antecedentes directos se encuentran el incremento del salario mínimo por encima de los niveles de inflación, la regulación de la subcontratación y el reconocimiento de derechos para trabajadores del hogar y del campo. Para el legislativo, la reducción del tiempo de trabajo no es una concesión, sino una necesidad para actualizar el marco normativo nacional a los estándares internacionales de derechos humanos y salud pública.
El nuevo modelo establece un esquema de transición que pretende ser viable para los sectores productivos, evitando impactos bruscos en la estabilidad económica. La senadora Bañuelos subrayó que la medida no busca asfixiar a las empresas, sino fomentar un acuerdo donde el descanso sea reconocido como un derecho social fundamental. Según el análisis oficial, trabajar más horas no se traduce necesariamente en una mayor eficiencia, por lo que la jornada de cinco días pretende mitigar el desgaste físico y mental de la población trabajadora.
Esta decisión institucional también tiene una profunda implicación de género y relevo generacional. Al reducir la carga laboral formal, se facilita una mejor distribución de las tareas de cuidado no remuneradas, que recaen mayoritariamente en las mujeres, y se ofrecen condiciones más atractivas para los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. La aprobación final ha sido posible tras un proceso de consenso que involucró a la presidencia de la República, la Secretaría del Trabajo, organizaciones sindicales y representantes del sector empresarial.
LNY | Redacción