CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El desierto no grita. Se agrieta. Abre surcos silenciosos. Y en esas grietas se escriben hoy las ambiciones de Zacatecas: quién promete conducir el agua, quién ofrece administrar la escasez, quién cree todavía que gobernar es algo más que posar para la foto.
La sucesión de 2027 no ha comenzado oficialmente. Pero ya palpita. Late bajo discursos técnicos, recorridos territoriales, asambleas partidistas y sondeos discretos. La alianza Morena–PT–Verde busca candidato, pero sobre todo busca relato. Un relato creíble para un estado cansado.
Tres nombres dominan ese tablero.
Ulises Mejía Haro camina con la ventaja silenciosa de las encuestas. No alardea. No necesita. Sabe que hoy encabeza preferencias y actúa como quien administra tiempo. Su discurso gira alrededor de una idea central: limpiar el sistema político desde su raíz. Propone eliminar las diputaciones plurinominales, reducir el financiamiento permanente a partidos y devolverle al voto directo el monopolio de la representación.
No es una consigna menor. En un país donde las cúpulas reparten curules como botín, Mejía Haro plantea romper ese circuito. Austeridad como estructura, no como eslogan.
Pero su narrativa no se queda en la arquitectura institucional. Baja al territorio. Habla de carreteras rotas, de agricultura sin certidumbre, de productores atrapados entre coyotes y sequías. Insiste en que la agenda legislativa debe construirse desde las comunidades, no desde oficinas alfombradas.
En política social es categórico: los programas de bienestar no son favores. Son derechos constitucionales. Cualquier intento de condicionarlos es delito. Y debe castigarse como tal.
Ulises ofrece una promesa simple y peligrosa: que el poder vuelva a sentirse incómodo.
Carlos Puente Salas ocupa otro registro. Más técnico. Más de engrane. Menos épico. Su eje tiene nombre propio: Milpillas.
Para Puente, la presa no es una obra. Es una frontera histórica. O Zacatecas asegura agua para las próximas tres décadas, o acepta un futuro de racionamientos, conflictos sociales y éxodos.
Afirma que la presidenta Claudia Sheinbaum ha comprometido más de dos mil millones de pesos para el proyecto este año. Pero advierte: el dinero no basta si la política local sabotea.
Habla de especulación de tierras. De campañas de miedo. De intereses que encarecen predios para volver inviable la obra. Y fija una línea: no desplazamiento forzado. Beneficio directo a comunidades.
Puente también se mueve en el terreno nacional. Reconoce que la reforma electoral está en construcción. Que hay votos para aprobarla, sí. Pero que imponerla sin consenso sería fabricar una crisis de legitimidad rumbo a 2027.
Defiende la reelección legislativa como método de profesionalización. Critica un Congreso saturado con miles de iniciativas que nadie lee. Y propone discutir plataformas antes que rostros.
Su aspiración, sin decirlo, es clara: gobernar con proyectos, no con consignas.
Geovanna Bañuelos de la Torre juega una carta distinta: equilibrio interno. Desde el PT recuerda algo esencial: sin su partido no hay mayoría calificada. Y sin mayoría calificada no hay reformas constitucionales.
Rechaza la narrativa de ruptura con Morena y el Verde. Pero marca límites. No acompañará reformas impuestas sin diálogo.
Geovanna recorre colonias, escucha, se deja ver. Y mantiene abierta su disposición a competir por Zacatecas si su partido así lo decide.
Hay un dato que pesa: si la coalición opta por candidatura femenina, hoy su nombre encabeza esa posibilidad.
Su discurso pone el acento en unidad, derechos sociales, sistema de cuidados, reducción de jornada laboral, combate a la extorsión y fortalecimiento del proyecto de transformación sin sectarismos.
Ofrece gobernabilidad interna en un movimiento acostumbrado a devorarse a sí mismo.
En un párrafo incómodo aparece Saúl Monreal. Recorre municipios. Convoca estructuras. Se siente con derecho histórico. Pero carga un lastre: es hermano del gobernador David Monreal.
La llamada “ley antinepotismo” lo coloca en zona de riesgo político. Morena difícilmente podría postularlo sin pagar un costo ético alto. Aunque existe una rendija: PT o Verde podrían abanderarlo y sortear el impedimento formal.
La maniobra sería legal. Pero no necesariamente legítima.
Alfonso Ramírez Cuéllar apenas asoma en este ajedrez como factor de contexto. Defiende prohibir el nepotismo, piso parejo y reglas claras. Lo dice desde Morena nacional. Y eso no es un detalle menor.
José Narro Céspedes irrumpe desde otro flanco: la urgencia. Exige un despliegue de seguridad e investigación de gran escala para Zacatecas, comparable al operativo federal aplicado en la minera Concordia, bajo una premisa incómoda: la vida de la población civil merece el mismo nivel de prioridad institucional. Señala focos rojos en Vetagrande y Pinos, donde las desapariciones siguen abiertas, y anuncia una reunión con la Secretaría de Seguridad federal para establecer mecanismos de búsqueda, justicia y acompañamiento a familias.
En paralelo, vincula la paz con la dignidad rural: impulsa el acopio directo de frijol y maíz para romper el coyotaje, duplicar la compra estatal y corregir precios injustos, mientras empuja en lo nacional la reducción de la jornada laboral a 40 horas y ajustes al sistema político-electoral. Su mensaje es claro: sin seguridad y sin campo vivo, no hay gobernabilidad posible.
Zacatecas no sólo elegirá gobernador en 2027.
Elegirá si el poder sigue siendo herencia, si se convierte en botín de partidos, o si empieza —al menos— a parecer servicio público.
El agua corre. El tiempo no espera. Y los nombres ya están sobre la mesa.
El resto es carácter.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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