Zacatecas, Zac.- El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, presentó ante la Legislatura estatal una reforma al Código Penal para calificar el abuso sexual como delito grave y elevar las penas máximas hasta los 15 años de prisión. La iniciativa, alineada con el Plan Integral contra el Abuso Sexual del Gobierno federal, establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual y elimina beneficios como el trabajo comunitario para los sentenciados.
La propuesta, leída ante la Comisión Permanente por la diputada morenista Imelda Mauricio Esparza, plantea una reestructuración de las sanciones vigentes. Actualmente, el abuso sexual se castiga con penas de entre dos y cinco años; el nuevo texto propone un rango de seis a diez años, que aumentaría hasta los 15 años en casos donde medie violencia física o moral. Para agresiones contra menores o personas sin capacidad de comprender el hecho, las multas alcanzarán las cuatro mil unidades de medida y las penas corporales se duplicarán si existe coacción.
Desde el rigor técnico, la reforma introduce el concepto de indemnidad sexual para proteger el desarrollo de menores y personas con discapacidad, superando conceptos jurídicos obsoletos. La adición del artículo 232 Bis resulta determinante al decretar que la acción penal por estos delitos no prescribirá, una medida que busca evitar que el paso del tiempo garantice impunidad a los agresores en el ámbito familiar o institucional.
El proyecto amplía a doce las agravantes del delito. Se sancionará con mayor severidad el uso de estupefacientes para someter a las víctimas, así como los ataques cometidos en transporte público, centros educativos, deportivos o religiosos. El texto también reconoce la violencia psicológica como un factor de agravación, así como el abuso de confianza derivado de vínculos sentimentales o de parentesco, una de las problemáticas más recurrentes en la entidad.
Pese al consenso inicial en la recepción de la propuesta, el debate parlamentario ha evidenciado el contraste entre la severidad punitiva y la realidad institucional. Legisladoras como Ma. Teresa López (PAN) y Renata Ávila (PT) han cuestionado en sesiones paralelas la falta de presupuesto en áreas operativas del Gobierno. Mientras se discute el endurecimiento de penas, Zacatecas enfrenta tensiones por la precariedad en el sector salud y exigencias de mayor transparencia en la estrategia de seguridad pública.
LNY | Redacción