RAFAEL CANDELAS SALINAS
Hablar del fuero constitucional en México, se ha vuelto casi un ejercicio de provocación. Para muchos, el solo término evoca impunidad, abuso y privilegios indebidos. Sin embargo, esa percepción —tan extendida como equivocada— parte de una profunda desinformación sobre qué es el fuero, cuál fue su origen y para qué fue concebido.
El fuero no nació para proteger delincuentes. Su origen es exactamente el contrario. Surge como una garantía institucional destinada a proteger la libertad de expresión, de opinión y de actuación de los legisladores y de ciertos servidores públicos, evitando que el poder en turno pudiera perseguirlos penalmente por sus ideas, votos o posicionamientos políticos. El fuero fue, desde su concepción, un mecanismo de defensa frente a los abusos del poder, no un salvoconducto para violar la ley.
En las democracias constitucionales, el fuero tiene una lógica clara: permitir que el legislador cumpla su función sin miedo a represalias, sin la amenaza permanente de una denuncia penal fabricada, de una orden de aprehensión selectiva o de una fiscalía utilizada como instrumento político. Sin esa protección mínima, el debate parlamentario se convierte en simulación y la división de poderes, en una ficción.
El problema en México no ha sido el fuero en sí, sino su distorsión. Con el paso del tiempo, algunos servidores públicos comenzaron a escudarse en el fuero para evadir la justicia, no por sus dichos o por sus votos, sino por conductas claramente ajenas a su función. Casos de corrupción, abuso de poder o delitos graves terminaron por manchar una figura que nunca fue pensada para eso.
Esa deformación generó una pésima imagen pública del fuero que, acompañada de discursos simplistas y campañas populistas, provocó que una parte importante de la sociedad -sin conocimiento real de lo que es el fuero- lo perciba como sinónimo de impunidad. A partir de ahí, no han sido pocos los legisladores y políticos que, más por ignorancia o moda que por convicción jurídica, han propuesto eliminarlo bajo la bandera del combate a los privilegios, buscando el aplauso fácil sin reparar en las consecuencias institucionales.
Paradójicamente, uno de los episodios más emblemáticos y recientes en torno al fuero fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Aquel episodio mostró con claridad cómo el aparato del Estado podía ser utilizado para intentar neutralizar a un adversario político. Fue una lección evidente de por qué el fuero, bien entendido, sí es necesario.
El fuero constitucional no es una ocurrencia ni un privilegio improvisado. Está expresamente previsto en la Constitución en el artículo 61 que, en su texto original de 1917 establece que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”, garantizando así la libertad de expresión, de debate parlamentario y el voto libre en el ejercicio de su actividad legislativa. Por su parte, el artículo 111 regula el procedimiento para retirar el fuero —la llamada declaración de procedencia— dejando claro que los servidores públicos pueden ser investigados y procesados penalmente, pero bajo reglas específicas que eviten su uso como instrumento de persecución política. La Constitución, por tanto, nunca concibió el fuero como sinónimo de impunidad, sino como una protección institucional frente a los abusos del poder.
La discusión, entonces, no debería centrarse en si el fuero debe desaparecer, sino en cómo debe acotarse. El camino responsable no es eliminarlo, sino devolverlo a su esencia, que proteja exclusivamente los dichos, votos y actos derivados del ejercicio de la función legislativa o pública; que no sea obstáculo para investigar y sancionar delitos comunes; y que no se convierta en refugio de quienes delinquen.
Quien piense que eliminar el fuero fortalece automáticamente la democracia debería observar con atención lo que hoy ocurre en Campeche.
Hace aproximadamente una década, bajo una lógica similar de “castigar privilegios”, se eliminó el fuero constitucional para los legisladores locales. La decisión fue celebrada como un avance democrático. Sin embargo, los hechos demostraron lo contrario.
Con la llegada de la 4T y de una gobernadora de rasgos claramente autoritarios como Laida Sansores, la ausencia de fuero se convirtió en un arma de presión. Primero contra los que no tienen fuero, como son los medios de comunicación, empresarios, opositores y contra todo aquel que piense diferente, y después contra sus propios legisladores.
Las denuncias por presiones para aprobar un empréstito millonario marcaron el inicio del conflicto. Pero la crisis escaló cuando el Congreso local, en ejercicio de sus facultades, decidió que un diputado de Movimiento Ciudadano presidiera el Poder Legislativo, con el aval incluso de legisladores de Morena. La reacción fue desproporcionada: el intento de detener al diputado presidente del Congreso, a través de la policía ministerial, por el simple hecho de no alinearse.
El resultado fue inédito, legisladores atrincherados durante todo un fin de semana en la sede del Congreso, durmiendo ahí para evitar una detención arbitraria. La ruptura interna fue inevitable. Once de los dieciséis diputados de Morena se pronunciaron contra la gobernadora y, junto con la oposición, aprobaron la reforma para restablecer el fuero legislativo.
La realidad fue más contundente que cualquier discurso, entonces entendieron que el fuero no era un privilegio, era una protección necesaria contra el autoritarismo y el abuso de poder.
Lo ocurrido en Campeche debería sacudir a quienes, desde la comodidad del discurso fácil, siguen proponiendo la desaparición del fuero sin entender ni su origen ni sus consecuencias. Ahí quedó demostrado que cuando el poder se concentra, cuando los contrapesos se debilitan y cuando el miedo sustituye a la ley, el fuero deja de verse como privilegio y vuelve a revelarse como lo que siempre fue: una defensa mínima frente al abuso.
Eliminar el fuero no hace a los gobiernos más honestos ni a los políticos más decentes. Lo único que hace es dejar indefensos a los legisladores frente a gobernantes autoritarios. Quien crea que eso es un avance democrático no ha entendido nada.
El fuero no debe ser refugio de delincuentes, pero tampoco puede ser sacrificado en el altar del aplauso populista. Quitarle al Poder Legislativo su protección es entregarlo, mansamente, al Poder Ejecutivo. Y la historia —la reciente y la no tan reciente— demuestra que cuando eso ocurre, la ley deja de ser un límite y se convierte en un instrumento de venganza.
Campeche aprendió la lección por la vía más dura. Ojalá el resto del país no tenga que hacerlo del mismo modo.
Nos leemos el próximo miércoles con más del Dedo en la Llaga.
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Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
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