Zacatecas, Zac.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó en Zacatecas su Plan Maestro 2026, una estrategia que prioriza el combate a la facturación apócrifa y el contrabando mediante el uso de inteligencia fiscal. Alfonso Carlos del Real López y Eduardo González Jaques, titulares de las administraciones desconcentradas de Servicios y Recaudación, informaron que el organismo otorgará un plazo de 30 días para que los contribuyentes que hayan utilizado comprobantes falsos corrijan su situación antes de enfrentar sanciones penales o administrativas severas.
La nueva política tributaria descansa sobre tres ejes: atención ciudadana con proximidad territorial, fiscalización inteligente y erradicación de operaciones simuladas. Para incentivar la formalidad, el SAT lanzó el Programa de Regularización Fiscal 2026, que ofrece reducciones de hasta el 100% en multas y recargos a personas físicas y morales con ingresos de hasta 300 millones de pesos que presenten adeudos de 2024 o años anteriores. El plazo para acceder a estos beneficios en créditos en proceso de cobro vence el 31 de octubre, mientras que para obligaciones en auditoría el límite será el cierre de diciembre.
En el ámbito de los servicios, el organismo reforzará su oficina móvil para acercar trámites como la firma electrónica y la inscripción al RFC a los municipios sin presencia permanente. Paralelamente, las autoridades calificaron como una “mala práctica” la exigencia obligatoria de la Constancia de Situación Fiscal para la emisión de facturas. Del Real López advirtió que condicionar la entrega de un comprobante a este documento vulnera la protección de datos y puede derivar en multas de hasta 100.000 pesos, ya que legalmente solo se requiere el RFC, nombre, código postal y régimen fiscal.
La meta recaudatoria de estos mecanismos es ambiciosa: el SAT proyecta recuperar 12.000 millones de pesos a nivel nacional para el cierre de 2026, tras haber obtenido 4.500 millones mediante esquemas similares en 2024. La eficiencia del plan dependerá de la transición hacia procesos digitales que eliminen obstáculos burocráticos y garanticen que la fiscalización se centre en deducciones indebidas, ingresos no declarados y pérdidas fiscales recurrentes que erosionan la base tributaria del Estado.
LNY | Redacción