CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La pensión como botín
El expediente no cruje. Respira. En sus hojas hay fechas, firmas, silencios. Y una escena repetida: adultos mayores haciendo fila frente a un edificio público que ya no promete nada. El Issstezac no colapsó de golpe. Se fue vaciando como se vacían las repúblicas: con acuerdos discretos, con aplausos en el Congreso, con la costumbre de patear el futuro.
La crisis financiera y administrativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas llegó a un punto donde ya no basta administrar el daño. Ahora se exige memoria.
Un grupo de pensionados y sus representantes legales, léase Jorge Rada y Asociados, ha solicitado a la LXV Legislatura y a instancias federales una constancia histórica de omisión legislativa y responsabilidad institucional. No piden venganza. Piden verdad. Quieren que el Estado escriba, con tinta oficial, quién hizo qué cuando todavía había margen para no hacerlo mal.
Los señalamientos apuntan a dos sexenios clave: los de Ricardo Monreal Ávila y Miguel Alonso Reyes. Ahí se normalizó lo anómalo. Prestaciones concedidas sin reformas legales. Aguinaldos autorizados sin estudios actuariales. Derechos prometidos sin reservas que los sostuvieran.
No fue un error técnico: fue una forma de gobernar. La prescripción puede haber cerrado la puerta a las sanciones, pero no clausura la obligación de documentar la cadena de decisiones que hoy amenaza con convertir la vejez en una variable de ajuste.
El gobierno actual repite una palabra como conjuro: quiebra. Quiebra técnica. Inviabilidad financiera. La repite para explicar el impago de aguinaldos y la recalculación unilateral de pensiones. Pero el conjuro falla cuando se confronta con los propios papeles del Estado.
El Plan Estatal de Desarrollo reconoce un déficit estructural y, al mismo tiempo, se impone la obligación de encabezar un rescate integral. No habla de desconocer derechos. Habla de asumirlos. Esa contradicción no es retórica: es jurídica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dejó claro en la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024. La insuficiencia financiera no autoriza al Estado a borrar prestaciones. Corregir errores del pasado violando derechos adquiridos no es corrección: es reincidencia.
Si una prestación fue mal otorgada, existe el juicio de lesividad. Existe el debido proceso. Lo que no existe es la facultad de suspender pagos por decreto administrativo y empujar a los jubilados al amparo como último refugio.
Los números son el esqueleto del problema. En 2020, el déficit actuarial del Issstezac superaba los 47 mil millones de pesos. Para cerrar 2021 se requerían 217 millones extraordinarios sólo para cumplir obligaciones inmediatas. Décadas de aportaciones insuficientes, inversiones comerciales fallidas y la ausencia histórica de una edad mínima de jubilación vaciaron el fondo.
El Plan propone cerrar áreas no rentables, reducir gasto operativo, digitalizar la fiscalización. Medidas razonables. Lo que no es razonable es estigmatizar a los beneficiarios con el relato de las “pensiones doradas” para justificar el desacato judicial.
La tensión por la seguridad social no camina sola. En Zacatecas se mueve acompañada. Personal de salud toma oficinas por adeudos. El SNTE 34 anuncia paro. Académicos negocian bajo amenaza de huelga. Trabajadores denuncian hostigamiento. En marzo llegará el Servicio Universal de Salud con la promesa de centralizar expedientes en un clima de desconfianza. El mapa es claro: cuando el Estado incumple en un punto, la grieta se expande.
Por eso la exigencia de auditorías federales y estatales no es un trámite más. La Auditoría Superior de la Federación y su contraparte local deben responder una pregunta simple: ¿existe un dictamen técnico que avale la quiebra? Y otras menos cómodas: ¿hubo desvíos?, ¿mala administración?, ¿ventas de patrimonio justificadas o ventas para resistir sentencias? Fiscalizar aquí no es castigar. Es separar la contabilidad de la coartada.
Monreal y Alonso reaparecen en esta historia no como fantasmas, sino como actores vigentes. Ambos conservan tribuna y legitimidad democrática. La constancia histórica busca impedir que los errores de sus gobiernos se usen hoy como excusa para cargar el costo sobre quienes ya pagaron su vida laboral completa. La Corte lo respalda: las pensiones son propiedad. Trasladar la negligencia institucional a los adultos mayores es daño antijurídico.
El Issstezac no es sólo un instituto en crisis. Es una parábola cívica. Cuando el poder administra sin memoria, la factura llega con intereses humanos. Y siempre vence en la vejez.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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