Zacatecas, Zac.- La sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) inició este lunes una jornada de protestas en Zacatecas que incluyó la toma de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y oficinas de recaudación en los principales municipios del Estado.
La movilización, encabezada por la secretaria general Norma Castorena Berrelleza, denuncia el impago de cuatro millones de pesos destinados al Programa de Profesionalización de Enfermería y Trabajo Social, un adeudo que afecta a 300 especialistas y que debió liquidarse en 2025.
El conflicto escaló tras el aparente incumplimiento de una minuta firmada el 15 de enero en la Secretaría de Gobierno. En dicho encuentro, autoridades estatales y federales del esquema IMSS-Bienestar se comprometieron a la dispersión inmediata de los recursos. Sin embargo, el sindicato sostiene que el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, ha incurrido en tácticas dilatorias al condicionar el pago a una nueva validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para la representación gremial, este argumento representa una vulneración a los derechos adquiridos desde 2016 y un intento de evadir la responsabilidad financiera estatal bajo el pretexto de la transición hacia el modelo de federalización sanitaria.
La parálisis administrativa se ha extendido a las oficinas recaudadoras de Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Jalpa y Loreto, afectando los ingresos tributarios y los trámites ciudadanos. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, calificó las medidas de presión como “poco lógicas”, argumentando que obstruir la recaudación dificulta precisamente la obtención de los recursos necesarios para atender las demandas. Mientras las autoridades apelan a la paciencia por las gestiones administrativas en la capital del país, el sindicato rechaza cualquier nueva negociación y exige el depósito inmediato del dinero, advirtiendo que, de no concretarse, radicalizarán las protestas con paros totales en los centros hospitalarios.
Pese a la toma de instalaciones estratégicas y el ambiente de confrontación, el personal médico ha mantenido la operatividad clínica en los hospitales generales para no afectar a los pacientes. No obstante, la fractura institucional es profunda: el gremio acusa a la administración estatal de denostar el programa de profesionalización, mientras el Gobierno insiste en que el conflicto es un obstáculo para la gobernabilidad. La resolución de la crisis depende ahora de la liberación de fondos que den certeza jurídica y financiera a un sector que se encuentra en el centro de la transición hacia el nuevo sistema de salud federal.
LNY | Redacción