Zacatecas, Zac.- La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) denunció una escalada en la presión institucional para imponer la construcción de la presa Milpillas en Zacatecas. Según la organización, diversas instancias del Estado mexicano, coordinadas con ayuntamientos locales, han activado estrategias de fragmentación comunitaria y desinformación para forzar un proyecto que carece de consentimiento ejidal y de una viabilidad técnica y ambiental plenamente verificada.
El conflicto, que se extiende por más de una década, enfrenta la narrativa gubernamental —que presenta la obra como la única solución al desabastecimiento de agua en el corredor Fresnillo-Zacatecas— contra la resistencia de las comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete. La REMA sostiene que las autoridades han difundido datos imprecisos sobre el avance de las negociaciones para erosionar la toma de decisiones colectivas de las asambleas agrarias, máxima autoridad legal en los núcleos afectados.
La denuncia detalla prácticas de coacción que incluyen el condicionamiento de programas sociales y la desnaturalización de la Procuraduría Agraria, señalada ahora como un operador político a favor del proyecto. Asimismo, el movimiento advierte sobre la criminalización de la defensa del territorio, al utilizarse el discurso del “derecho humano al agua” de las zonas urbanas para estigmatizar como egoístas a los ejidatarios que protegen el cauce del río Atenco.
Para los defensores del territorio, la imposición de Milpillas representa un modelo de gestión autoritario que prioriza intereses económicos y políticos sobre la sustentabilidad y los derechos agrarios. Ante la persistencia de las hostilidades, las organizaciones civiles han exigido el cese de las negociaciones individualizadas y la transparencia total de los estudios de impacto, al tiempo que responsabilizan al Estado de cualquier agresión contra los integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio.
LNY | Redacción