JULIETA DEL RÍO VENEGAS
En México se insiste en anunciar derechos sin garantizar condiciones. La Credencial Universal de Salud, que entrará en vigor a partir del 2 de marzo, se presenta como un avance en el acceso a la atención médica. Sin embargo, llega en un mal momento posiblemente: cuando el sector salud padece un desorden administrativo profundo, falta de liquidez para pagar a sus trabajadores y una crisis de confianza institucional que no se resuelve con credenciales, sino con responsabilidad.
El propio gobierno ha informado que la implementación del Servicio Universal de Salud implicará un gasto aproximado de 3 mil 500 millones de pesos, destinados principalmente a la emisión de más de 130 millones de credenciales y a la integración de expedientes clínicos. Este monto, aunque significativo, contrasta con la falta de recursos para rubros esenciales como el abasto de medicamentos, el mantenimiento hospitalario y el pago oportuno al personal médico.
Hoy, miles de trabajadores de la salud continúan aportando cuotas obligatorias, pese a enfrentar retrasos salariales, precarización y ausencia de certezas laborales. Son ellos quienes sostienen financieramente al sistema y, paradójicamente, quienes ven diluirse sus derechos. La decisión de igualar el acceso sin un rediseño financiero serio rompe el principio de equidad contributiva: quienes pagan durante toda su vida reciben lo mismo que quienes no aportan, sin compensación, sin reglas claras y sin sostenibilidad a largo plazo.
El problema no es el derecho a la salud, que es incuestionable, sino la improvisación con la que se administra. Un sistema saturado, sin medicamentos suficientes y con personal desmotivado no se fortalece ampliando la demanda sin fortalecer la oferta. Se colapsa.
A este escenario se suma un riesgo que el Estado insiste en minimizar: la vulnerabilidad de los datos personales. La ciudadanía aún no asimila el impacto del padrón obligatorio de líneas móviles y ya enfrenta un nuevo proceso de credencialización en salud. Aunque la ley no obliga a entregar datos biométricos, y pese a que la propia Presidenta ha declarado que solo deben recabarse bajo consentimiento, en la práctica se solicitan, mostrando una brecha preocupante entre el discurso oficial y la realidad operativa de las instituciones públicas..
La preocupación no es hipotética. En septiembre de 2025 se dio a conocer que datos personales de cerca de 20 millones de pensionados del IMSS fueron puestos a la venta, incluyendo información altamente sensible como nombres, domicilios, CURP, números de seguridad social y datos médicos. Las autoridades descartaron públicamente un hackeo y calificaron el hecho como una “filtración”, minimizando su gravedad y cerrando el caso sin sanciones claras ni responsabilidades visibles.
Este episodio evidenció no solo la fragilidad de los sistemas de resguardo de información del Estado, sino también la ausencia de consecuencias institucionales ante una clara exposición de datos personales. Con ello el mensaje que se dio fue que los datos se pierden y nadie responde.
Con este antecedente, ampliar la concentración de información sensible sin fortalecer los mecanismos de protección no es solo irresponsable: es negligente. La salud no puede convertirse en una excusa para normalizar la vigilancia, la acumulación masiva de datos personales y la falta de rendición de cuentas, particularmente cuando se trata de poblaciones vulnerables como adultos mayores y personas enfermas.
Mientras tanto, la entrada en vigor de la nueva Ley General de Salud deja en incertidumbre la atención de enfermedades de alto costo, como el cáncer, justo cuando el sistema enfrenta escasez de medicamentos y reglas poco claras de financiamiento. Para los pacientes y sus familias, la universalidad prometida se traduce en incertidumbre real.
Universalizar sin ordenar, credencializar sin proteger y ampliar derechos sin garantizar condiciones no es una política social, es trasladar los costos de la mala administración a los trabajadores y a la ciudadanía. La salud pública no necesita más anuncios: necesita orden, transparencia y respeto a los derechos laborales y a la privacidad de las personas.
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Crítico tenaz, maestro por convicción.
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