CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Zacatecas la noche no siempre termina al amanecer. A veces se queda abierta, como una puerta sin casa detrás. Entre el último día de 2025 y las primeras semanas de 2026, esa noche tuvo trece nombres. Algunos regresaron. Otros no. Y varios —demasiados— eran niños.
La escena es conocida: una ficha de búsqueda pegada en redes sociales, una fotografía recortada, una estatura exacta, una seña particular mínima —un tatuaje, una cicatriz— y una frase burocrática que intenta contener el pánico: se activa Protocolo Alba. El papel promete urgencia. La realidad, no siempre.
Entre el 29 de diciembre y el 11 de enero, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas publicó trece fichas. Ocho mujeres. Cinco hombres. Nueve menores de edad. Ocho municipios. Casi una desaparición por día. El mapa no dibuja un punto rojo, sino una dispersión: capital, Guadalupe, Enrique Estrada, Ciudad Cuauhtémoc, Jerez, Villa de Cos, Villanueva, Fresnillo. Urbano y rural. Centro y orilla. Nadie queda fuera.
Las cifras oficiales permiten el cálculo, pero no el consuelo. Cuatro personas localizadas. Nueve que no. Una efectividad inicial del 30 por ciento. El resto queda suspendido en ese limbo administrativo que no es vida ni muerte, sino espera.
Hay un dato que incomoda más que los promedios: casi siete de cada diez desaparecidos en ese periodo eran menores de edad. Hermanas de 15 y 16 años. Hermanos de 12 y 14. Dos niñas de 13 y 15. La infancia como territorio vulnerable, no por excepción sino por patrón. El futuro reducido a una ficha con fecha y hora.
Mientras tanto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas cuenta otra historia, más larga y pesada. En 2025, Zacatecas acumuló 506 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Doscientas treinta y cinco seguían sin aparecer. Durante el sexenio de David Monreal, el número crece hasta 4 mil 064. Mil 871 sin localizar. Más de 300 localizadas sin vida. El dato existe, pero rara vez se pronuncia completo.
El contraste es brutal: la fiscalía estatal publica fichas como si fueran episodios aislados; el registro nacional revela una serie. La ficha es el síntoma. El registro, la enfermedad.
El 8 de enero de 2026, en la capital del país, otra escena. Pantallas, gráficas, aplausos contenidos. Zacatecas es presentado como ejemplo nacional: 71.1 por ciento menos homicidios. Primer lugar en reducción. Diciembre cerró con siete casos. El discurso celebra la pacificación, la coordinación, la estrategia. Todo es descenso. Todo es éxito.
Pero la estadística de homicidios no alcanza para explicar la ausencia. Un estado puede matar menos y desaparecer más. Puede reducir cadáveres visibles y aumentar nombres sin cuerpo. La violencia no siempre grita; a veces borra.
Las desapariciones no contradicen el discurso oficial: lo desnudan. Porque la seguridad medida únicamente en homicidios ignora el costo humano de lo que no se encuentra. Porque la paz que presume números, pero no responde por los ausentes es una paz incompleta, frágil, administrativa.
Zacatecas aparece fuera del mapa rojo nacional, pero dentro del mapa gris de las familias que buscan. La Fiscalía activa protocolos. El gobierno presenta balances. El registro nacional acumula. Entre una instancia y otra, la persona desaparecida se diluye en porcentajes.
No hay maniqueísmo posible. La reducción de homicidios importa. Salva vidas. Pero no exonera silencios. No cancela la obligación de mirar de frente a los niños que faltan, a las hermanas que no volvieron, al adulto mayor perdido en un camino rural con botas tácticas y cicatrices viejas.
Las cifras no mienten. Pero tampoco hablan solas. Hay que preguntar qué cuentan y qué esconden. En Zacatecas, hoy, las estadísticas celebran. Las fichas suplican.
Y entre ambas, el país aprende a convivir con la ausencia como si fuera un daño colateral.
Cuando el Estado presume paz, conviene revisar quién sigue sin volver a casa.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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