lunes, enero 12, 2026
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Urge regular plásticos en agua embotellada: Geovanna Bañuelos

Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a las secretarías de Salud y de Medio Ambiente evaluar los riesgos sanitarios por la ingesta de micro y nanoplásticos en agua embotellada. Mediante un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, la legisladora urgió a fortalecer las políticas de acceso universal al agua potable para reducir la dependencia de envases de un solo uso.

El planteamiento de la legisladora por Zacatecas pone de relieve una deficiencia estructural en el Estado mexicano: la falta de una infraestructura hidráulica eficiente que garantice agua segura en los hogares. Esta carencia ha forzado a la población a recurrir al mercado privado, donde el consumo de agua embotellada se ha normalizado pese a la evidencia científica que asocia estos envases con la presencia de partículas plásticas nocivas.

La propuesta legislativa insta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a desarrollar métodos de medición y límites regulatorios. Actualmente, el marco normativo mexicano vigila parámetros microbiológicos y físico-químicos, pero carece de criterios obligatorios para cuantificar o limitar los microplásticos, lo que deja a los consumidores en una situación de vulnerabilidad ante riesgos invisibles.

Desde una perspectiva de salud pública, la iniciativa advierte que estas partículas pueden alcanzar el torrente sanguíneo y órganos vitales. Las implicaciones documentadas incluyen desde inflamación crónica y alteraciones hormonales hasta daños neurológicos. Este escenario transforma el acceso al agua de un derecho constitucional en un producto condicionado por la capacidad de compra, exacerbando las desigualdades sociales en el país.

La relevancia de este exhorto trasciende la regulación técnica; cuestiona un modelo de consumo que genera una presión insostenible sobre los ecosistemas debido a la gestión de desechos plásticos. La intervención del Estado se presenta así como una obligación para asegurar que el derecho humano al agua se ejerza bajo principios de equidad, seguridad y transparencia científica, protegiendo especialmente a los sectores con menores recursos.

LNY | Redacción

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