CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Por más que los discursos oficiales hablen de diálogo, consenso y desarrollo, en Zacatecas el agua sigue siendo un pretexto, no un derecho. Las promesas que rodean al proyecto de la Presa Milpillas suenan a eco de otras épocas: las del porfiriato hidráulico, cuando se creía que el progreso consistía en represas y canales, sin importar lo que quedara sepultado bajo sus aguas. Hoy, la historia se repite. Y quienes alzan la voz no son “mal informados”, como los llama el gobierno, sino los mismos que vivirán —o morirán— con las consecuencias de esa presa.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dejado claro: su prioridad es Milpillas. Por ello ordenó sepultar el segundo piso del bulevar, por tratarse de una ocurrencia de la nueva gobernanza. Lo suyo es el tema del agua… y punto. Así impuso una línea: el gobernador David Monreal debía abandonar la fantasía del concreto elevado y obedecer. Porque Milpillas no es ya un proyecto técnico; es una bandera política.
Pero los habitantes de El Potrero, Atotonilco, Jiménez del Teúl y otras comunidades de la cuenca del Río Atenco tienen otros planes. Y no incluyen represas. No piden empleos temporales, ni turismo, ni infraestructura agrícola. Piden respeto. Piden que no les arrebaten el río que da vida a sus cultivos, a su ganado, a su modo de existir. Piden lo que ningún gobierno, hasta ahora, ha estado dispuesto a dar: escuchar sin imponer.
Los datos son brutales: 19 comunidades afectadas, 9 mil millones de pesos comprometidos, una promesa de desarrollo que huele a despojo. Los funcionarios llegan con despensas y discursos sobre el bien común. Pero lo que reciben son gritos: “¡No a la presa!”. Porque el agua que bajará de Milpillas no irá a las cocinas de los campesinos, sino a las plantas de las cerveceras, de las refresqueras, de las mineras.
Esas mismas empresas que históricamente han secado los mantos acuíferos de Zacatecas, bajo la sombra permisiva del poder. Esas que ahora se disfrazan de progreso y prometen empleos, pero dejan desierto tras de sí.
Los voceros oficiales insisten: habrá mesas de diálogo. Pero las comunidades lo niegan. No se trata de un malentendido técnico. Es una disputa por el territorio, por la autonomía, por el derecho a decidir cómo vivir. Por eso las organizaciones como REMA y el Movimiento en Defensa del Río Atenco no sólo rechazan la presa: denuncian la coacción, la mentira, la manipulación. Denuncian un modelo que no ha cambiado pese al relevo presidencial.
Sheinbaum quiere dejar su marca con grandes obras. Milpillas figura en el Plan Nacional Hídrico como si ya estuviera acordada. Pero ningún mapa federal puede trazar sobre la piel de una comunidad sin su consentimiento. Y la oposición en Zacatecas no es simbólica: es activa, firme, articulada.
David Monreal, mientras tanto, intenta caminar por una línea imposible: la de obedecer a Palacio Nacional y convencer a los pueblos al mismo tiempo. Pero ya se vio obligado a salir escoltado por sus empleados de la nueva gobernanza de un encuentro con los ejidatarios. No fue un gesto menor: fue la evidencia de que el poder institucional no garantiza legitimidad.
El agua es vida, dicen. Pero en Zacatecas, también es conflicto. Y mientras se insista en imponer presas sin escuchar a los ríos ni a sus guardianes, el agua seguirá brotando con furia. Porque no hay infraestructura que contenga la dignidad de un pueblo que se niega a ser sumergido.
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