Zacatecas, Zac.- La escalada de violencia en el límite entre Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí alcanzó un punto crítico la penúltima semana de diciembre de 2025, mediante el uso de tácticas militares y artefactos explosivos. La confrontación institucional contra el crimen organizado derivó en emboscadas a corporaciones estatales y un despliegue operativo coordinado para blindar las fronteras ante la sofisticación del armamento delictivo.
El ciclo de hostilidades se intensificó tras un enfrentamiento el miércoles pasado en Villa García, Zacatecas, donde la Fuerza de Reacción Inmediata abatió a siete civiles. Como presunta represalia, el sábado 20 de diciembre una patrulla de la Policía Estatal fue atacada con explosivos en Luis Moya, hecho que las autoridades de San Luis Potosí califican como recurrente debido al hallazgo previo de este tipo de artefactos en la zona. La difusión de amenazas sobre un presunto toque de queda en municipios zacatecanos obligó a las entidades vecinas a reaccionar operativamente durante el fin de semana.
El martes 23 de diciembre se registró el incidente de mayor gravedad en la comunidad de Tierra Blanca, municipio de Loreto, Zacatecas. Elementos de la Policía Estatal Preventiva atendieron un reporte sobre la toma de un centro escolar por civiles armados, lo cual resultó ser un señuelo para conducir a las unidades hacia una emboscada. La agresión derivó en una persecución hacia los límites con Aguascalientes, dejando a dos efectivos lesionados. Existe una discrepancia entre las versiones oficiales: mientras la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad reportó a los agentes como estables, testimonios de campo y la intervención de un helicóptero Black Hawk para traslado médico indicaron un estado de gravedad, señalando el ingreso inconsciente de un oficial al Hospital General de Zona número 1 de la capital zacatecana.
Ante el riesgo de incursión, El Gobierno de Aguascalientes intensificó el Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” con el despliegue de más de cien unidades y operativos coordinados en siete municipios fronterizos. La estrategia busca cerrar el paso a células delictivas provenientes de Zacatecas y Jalisco tras los ataques recientes contra corporaciones policiales, reforzando la vigilancia en brechas, terracerías y puntos estratégicos de control.
El despliegue operativo, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública estatal, Antonio Martínez Romo, involucra a la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, integrando además al personal de las corporaciones municipales bajo el esquema de Mando Coordinado. Las acciones de patrullaje y establecimiento de puntos de control se focalizan en los municipios de El Llano, Asientos, Tepezalá, Calvillo, San José de Gracia y Cosío, así como en la capital del estado, con el objetivo de inhibir el trasiego de objetos ilícitos y el ingreso de personas que representen un riesgo institucional.
Como parte fundamental de este blindaje, la Secretaría de Seguridad Pública reportó la intensificación de las revisiones en las cinco Puertas de Seguridad que resguardan los accesos a la entidad. Estos puntos de control operan con herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, incluyendo sistemas de reconocimiento facial y lectura de placas vehiculares, lo que permite un filtrado técnico de los flujos de tránsito en las fronteras estatales. Según la versión oficial de Martínez Romo, esta infraestructura busca asegurar la presencia permanente de las fuerzas del orden en rutas críticas que conectan con los estados de Zacatecas y Jalisco.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, encabezada por Jesús Juárez Hernández, solicitó a la Federación un análisis integral de la situación regional que involucre a Zacatecas, Guanajuato y Nuevo León. La administración de San Luis Potosí fundamenta esta petición en la sofisticación operativa de los grupos delictivos, que incluye el uso de drones y minas terrestres, según reconoció el gobernador de Zacatecas, David Monreal. Pese a la activación de protocolos de emergencia y puntos de revisión en rutas de escape, no se han reportado detenciones vinculadas a la agresión en Loreto, evidenciando el desafío que representa para las fuerzas de seguridad el manejo de un conflicto que utiliza los límites estatales como líneas de repliegue táctico.
LNY | Redacción